La empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam) ha dado de alta en la Seguridad Social a los 75 trabajadores cuyos despidos fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), pero les ha dicho que no vayan a trabajar y les ha anunciado otro Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Según ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras y han confirmado a Efe fuentes de Geacam, el miércoles 6 de marzo la empresa dio de alta en la Seguridad Social a los trabajadores de su área de Asistencias Técnicas y Estructura (ATE) a los que despidió en julio de 2012 en un ERE anulado por la justicia.
Ayer mismo, la empresa comunicó a los empleados por que vuelven a formar parte de la plantilla y que cobrarán sus correspondientes salarios, pero les informó de que debían quedarse en casa y no acudir a trabajar.
Además, Geacam, que ha recurrido la mencionada sentencia del TSJCM, convocó a los representantes de los trabajadores para presentarles un nuevo ERE para despedir hasta un total de 83 trabajadores, 73 de asistencias técnicas y 10 de estructuras.
«Ahora tenemos en Geacam a los exdespedidos de ATE con una especie de simulación de contrato diferido y con efectos retroactivos, que les obliga a no trabajar, aunque sí cotizan a la Seguridad Social y cobrarán sus salarios a cargo del erario público, en tanto la empresa pública no consiga echarlos de una forma u otra», ha denunciado José Sánchez de los Silos, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO. en Castilla-La Mancha.
La situación de estos empleados se suma al conflicto judicial abierto por el ERE que afecta a los 2.000 empleados de prevención y extinción de incendios de Geacam, que han pasado a ser fijos-discontinuos en un ERE cuyo juicio quedó visto para sentencia esta semana.
Según UGT, la dirección de Geacam advirtió «de la liquidación de la empresa en el caso de tener Sentencias desfavorables» en ese ERE.
El sindicato ha explicado que la empresa comunicó pérdidas de 800.000 euros en 2012, pero si las sentencias fueran favorables a los trabajadores se elevarían a unos 20 millones de euros, lo que supondría la disolución de la compañía.