El Ayuntamiento de Guadalajara llevará al Ministerio Fiscal al exalcalde de Guadalajara, Antonio Román, y al exvicealcalde Jaime Carnicero, por dos presuntos delitos de prevaricación en relación a la gestión y la ocupación del Mercado de Abastos en los días previos a las elecciones municipales de mayo de 2019.
Esta es la conclusión del informe de la Comisión de Investigación que sobre el Mercado de Abastos se ha realizado, un informe que se elevará al pleno del próximo 31 de enero donde quedará aprobado al contar el Gobierno Municipal con mayoría para ello y desde ahí se remitirá al Ministerio Fiscal, tal y como ha explicado en rueda de prensa el presidente de esta comisión, Israel Marco.
Antonio Román, exalcalde del PP; Jaime Carnicero, su vicealcalde
Según el presidente de la Comisión de Investigación, el informe de la misma en basa en las 10 sesiones que ha habido, por las que han pasado políticos, entre ellos Román y Carnicero pero también de otras formaciones, técnicos y empresas, y ha concluido que se han podido cometer presuntas irregularidades que ha concretado en tres presuntos delitos de prevaricación atribuibles a Carnicero y al menos en uno de los casos también a Román.
En su explicación, Marco ha señalado que el informe ha apreciado hasta tres posibles delitos referidos a la concesión de explotación a una empresa elegida de «manera discrecional» pese a conocer el Ayuntamiento del PP que el procedimiento de adjudicación no debía ser ese.
Pero también en las conclusiones se observan irregularidades ante el hecho de que a través de una licencia de ocupación de al vía publica se decidiera poner a una empresa operar en el mercado, y al entender que la apertura de la plaza exterior del recinto esos días previos a las elecciones para distintos actos no fue por interés público ni se hizo como se debía haber hecho porque se llevó a cabo sin la recepción positiva de la obra, por decreto a propuesta de Carnicero y firmado por Román.
Marco ha explicado también que la licencia de ocupación la otorgó Carnicero de manera individual sin intervención de técnicos en un «uso abusivo de su poder», pero además, se favoreció a una empresas y se pretendió que el PP sacara un rédito electoral.
Las conclusiones se han extraído por bloques que han ido desde la seguridad en el trabajo, seguridad de la ciudadanía durante los días en que estuvo el Mercado de Abastos ocupado sin la recepción positiva de obra, la concesión de la gestión del recinto mediante decreto de Alcaldía y sobre el funcionamiento interno del Ayuntamiento.
Las mismas serán remitidas al Ministerio Fiscal para que lo investigue ante la sospecha de que detrás de todo ello podía estar el interés de sacar un rédito electoralista.
El presidente de la comisión ha subrayado además que en tres de las conclusiones se establece que «ha podido haber un delito penal», de ahí que una vez que sea aprobado en pleno y se emitan los certificados por parte de la Secretaría del Ayuntamiento se remitirá «instantáneamente» al Ministerio Fiscal para que «valore» si realmente los hubo, ha precisado.
«Entendemos que el posible delito de prevaricación es el que más encaja de todas las irregularidades», ha apuntado Marco tras incidir en que si han optado por esta vía en vez de acudir a los juzgados es porque entienden que han seguido el proceder habitual que han observado que se sigue en otras comisiones de investigación.