CCOO exige la retirada del anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, porque «no va a dar respuesta a los principales objetivos que motivaron su reforma y vulnera en varios de sus preceptos la autonomía local de las entidades locales», además de generar más paro entre los trabajadores públicos.
Según indica CCOO en un comunicado, este sindicato ha iniciado una campaña informativa dirigida a la ciudadanía para dar a conocer su posición y preparar, junto con los diferentes grupos políticos en los ayuntamientos, una moción consensuada y unitaria.
CCOO advierte de las consecuencias que tendrá para la región la reforma de la administración local, teniendo en cuenta la realidad de Castilla-La Mancha con 919 municipios de los que prácticamente el 95% son poblaciones menores de 10.000 habitantes, señala el coordinador regional del Sector de la Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la región, Francisco Javier Pina.
Pina insiste en que esta reforma supone un ataque a los servicios sociales que se presta a la ciudadanía y generará más destrucción de empleo en Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma del país en la que se han producido más despidos en la administración local.
En la administración local de Castilla-La Mancha trabajan más de 41.000 empleados públicos en un sector que representa el 30% del empleo de todas las administraciones públicas de la comunidad autónoma.
«En este contexto, con una elevadísima pérdida de empleo en la Administración Local, recortes de servicios públicos y presión sobre las condiciones de trabajo, se añade este intento de que los entes locales pierdan autonomía, lo que significará un retroceso en materia de servicios a la ciudadanía, así como de derechos y condiciones laborales de los trabajadores públicos», afirma Pina.
Para CCOO el anteproyecto no prevé ninguna mejora en la financiación de las haciendas locales, la gran asignatura pendiente del modelo territorial.
Al contrario, el objetivo final del Gobierno del Estado es recentralizar y controlar al máximo los municipios, limitando la capacidad de acción de los mismos, convirtiéndolos en meros ejecutores de la voluntad del Ejecutivo.