Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con la unanimidad de los tres grupos parlamentarios, la ley del Tercer Sector Social de la región, que nace con el objetivo de ordenar, definir y apoyar a las entidades sociales de «forma clara, transparente, consensuada y sostenible».
Este apoyo unánime ha sido posible después de que el grupo «popular» haya retirado tres de las siete enmiendas parciales que había mantenido vivas para su debate en el Pleno del parlamento, que se ha celebrado este jueves, y se han transado otras tres del PP, mientras que la séptima ha sido aprobada por unanimidad, y también se ha acordado el contenido de las cinco enmiendas que había mantenido Cs.
De este modo, la cámara al completo ha respaldado esta ley que, tal y como ha asegurado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, al inicio del debate, tiene como objetivo fundamental «mejorar la vida de la gente» y avanza «hacia la cohesión y el bien común».
«Estamos todos de enhorabuena. Gracias por la corresponsabilidad y el ejemplo de consenso para toda la ciudadanía», ha celebrado la consejera en su segundo turno de intervención, tras conocer en el debate parlamentario que todos los grupos votarían a favor de la norma, que supone que «toda la sociedad de Castilla-La Mancha ha avanzado en cohesión social y en derechos sociales».
Ello es porque, según ha defendido Sánchez, la ley crea un «sistema transparente» de colaboración entre la administración autonómica y las entidades y «define el modelo de relación», al tiempo que «garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad del tejido social de Castilla-La Mancha».
«Es una ley sencilla, concreta, que tiene objetivos muy definidos», ha valorado la consejera, que ha citado, entre las novedades que introduce la norma, la creación de una Comisión para el Diálogo Civil y un inventario de entidades sociales, así como desarrollar una estrategia de promoción del Tercer Sector Social.
Entre los principios rectores de la ley, Sánchez ha destacado la transparencia, la igualdad, la solidaridad y la justicia social, al tiempo que recoge obligaciones para las entidades, con el objetivo de que tengan procedimientos más participativos.
Asimismo, ha explicado que la colaboración con el tercer sector se articula con medidas para financiación, apoyo, gobernanza y transparencia.
La consejera también ha hecho una radiografía del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, que está compuesto por 5.200 entidades, que atiende a 400.000 personas de forma directa y un millón de forma indirecta y, además, cuenta con 6.400 personas contratadas de forma directa, por lo que ha resaltado que forma parte del motor de riqueza económica y social y crea empleo en la región.
«Es una ley rigurosa, que cuenta con estudios exhaustivos» para su redacción, ha valorado la consejera, que también ha resaltado que la norma recoge necesidades emergentes, como la soledad no deseada.
Por su parte, los grupos parlamentarios en las Cortes regionales han destacado la necesidad de contar con una ley del Tercer Sector Social y PSOE, PP y Ciudadanos han mostrado su agradecimiento a las entidades del tercer sector social por su trabajo «incansable y constante», al tiempo que han valorado la voluntad de diálogo que han tenido los tres grupos para alcanzar un acuerdo respecto a las enmiendas que quedaron vivas tras la Comisión de Bienestar Social.
El parlamentario socialista y ponente del dictamen, Pablo Camacho, ha recordado el proceso de tramitación parlamentaria de esta norma desde que se registró en las Cortes el 30 de octubre de 2019 y ha destacado que ha habido «un consenso amplio», a la vez que ha agradecido el «espíritu negociador» de los grupos parlamentarios.
Ha explicado que esta ley establece cauces para mejorar el diálogo y pretende avanzar en un modelo participativo, a la vez que supone «un reconocimiento al trabajo bien hecho», a la labor «necesaria e imprescindible» que llevan a cabo las entidades sociales.
En la misma línea, el parlamentario del PP Vicente Aroca ha hecho hincapié en que las enmiendas presentadas por este grupo estaban encaminadas a «aclarar y mejorar el texto» y ha remarcado su intención de «sumar y multiplicar, nunca de restar y dividir».
Aroca ha detallado que, tras varias llamadas telefónicas y una larga reunión de trabajo entre los grupos parlamentarios, se ha llegado a un «consenso» en el resto de enmiendas que quedaron vivas tras la comisión, aunque ha avisado de que los ‘populares’ estarán «vigilantes» para que esta norma «se cumpla y sea efectiva».
También la diputada de la formación naranja Úrsula López ha destacado la importancia de esta ley para introducir «estabilidad y unas normas de juego claras» y ha incidido en algunas de las aportaciones que se han planteado, entre ellas, que se haya recogido la discriminación por razón de orientación o condición sexual o el impulso de procedimientos de reconocimiento a los voluntarios.