Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves por unanimidad la Ley de Evaluación Ambiental, que tiene como objetivo establecer la regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Durante su intervención al inicio del debate de este proyecto de ley, el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha solicitado que esta ley pudiera salir por unanimidad, después de que el PP ha retirado las dos enmiendas parciales que mantenía vivas para el pleno.
«Va a crear empleo y protegerá el medio ambiente»
Y ello porque, según ha defendido, además de estar consensuada con la sociedad, es beneficiosa para todos los sectores de la sociedad «desde el rigor del medio ambiente», ya que agilizará los trámites de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, lo que «va a crear prosperidad, empleo y protegerá el medio ambiente».
En este sentido, Escudero ha mostrado el «compromiso inequívoco del Gobierno regional con la protección del medio ambiente» y ha defendido que esta norma satisface no solo las necesidades de la generación actual relacionadas con el medio ambiente, sino también las de las generaciones futuras.
Entre los beneficios de esta ley, Escudero ha asegurado que la norma «va a crear cohesión social, progreso y sostenibilidad», al tiempo que introduce medidas para «corregir los impactos» negativos que puedan tener los proyectos que se propongan y se arbitran mecanismos adecuados para combatir la contaminación.
Adaptación con la legislación comunitaria y estatal
También ha defendido que es necesario aprobar esta ley para adecuar la normativa regional -que data de 2007- a la legislación comunitaria y estatal, y porque, además, simplifica el marco normativo regional tanto para la Administración como para el administrado, es decir, que facilita la relación entre ambas partes.
Asimismo, ha valorado que con esta norma se podrán coordinar aspectos que en la normativa básica estatal están dispersos, como la evaluación de proyectos y la evaluación y control integrado de la contaminación, lo que a su entender tendrá una «incidencia positiva» y beneficiará a «muchos expedientes para instalar industrias y modelos de creación de riqueza», lo que ha augurado que «va a tener un impacto muy positivo en la creación de empleo y en el dinamismo de la economía regional».
Escudero también ha informado de que, desde que se aprobó la primera ley de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha en 1999, se han tramitado más de 23.000 procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de ellos, 1.000 fueron en 2019.
«Son datos que demuestran la trascendencia de la ley de evaluación ambiental con la actividad económica», ha explicado Escudero, que ha incidido en la «relación muy directa» con la economía.
Además, ha valorado que es la segunda norma medioambiental que se aprueba en lo que va de legislatura, pues ha recordado que hace unos meses se dio luz verde a la ley de Economía Circular.
Por su parte, los tres grupos parlamentarios -PSOE, PP y Ciudadanos- han manifestado su intención de apoyar esta normativa.
El diputado del PSOE y ponente del dictámen, Francisco Pérez Torrecilla, ha asegurado que el proyecto de ley se ha tramitado «de forma ejemplar» y ha resaltado el «excelente índice de participación» ciudadana y de los colectivos implicados.
Ha explicado que el proyecto de ley de Evaluación Ambiental está compuesto por 71 artículos, dispuestos en tres títulos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, dos derogatorias, dos finales y seis anexos y ha hecho hincapié en que su objetivo es establecer la regulación de la evaluación ambiental de los planes y proyectos que pueden tener «efectos significativos» en el medio ambiente para garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
También el parlamentario del PP Juan Antonio Moreno ha agradecido su participación a las diferentes entidades y colectivos, ya que, con sus aportaciones, han «enriquecido» el texto y ha incidido en que para el PP «una de las cuestiones más importantes» es hacer compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y sostenible.
Igualmente, ha remarcado que la normativa europea pide contar con expertos para abordar estos asuntos y que la ley prevé «una especie de consultoría» a los ayuntamientos para resolver «cuestiones dificultosas», lo que, en su opinión, «va a requerir un esfuerzo importante para la Administración.
A su vez, el presidente del grupo de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha explicado que es «una mera trasposición de una ley nacional» y ha celebrado que, aunque llegue «con retraso», Castilla-La Mancha vaya a contar con esta normativa.
Si bien, ha mostrado su preocupación por que no se hayan recogido cuestiones que este grupo parlamentario creía «importantes», centradas en los acuíferos, la minería o el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos y aunque ha considerado que no va a ser «el bálsamo de Fierabrás» de los problemas medioambientales de la región, «es un comienzo y estamos de enhorabuena».