El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Talavera contra la sentencia que obligaba al Consistorio a pagar 12 millones a los trabajadores de los planes de empleo, tras una demanda de Comisiones Obreras contra los contratos de esos planes realizados en 2016 y 2017, cuando en la ciudad gobernaba el PP de Jaime Ramos.
«Darles a conocer la providencia que ha dictado el Tribunal Supremo, que no admite el recurso de casación que el anterior Gobierno del Partido Popular interpuso contra los recursos de suplicación dictados por el Juzgado de lo Social», ha afirmado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno municipal de Talavera, Flora Bellón.
«El Supremo está diciendo no a la pretensión del Ayuntamiento de dar validez a los Planes de Empleo que se desarrollaron en Talavera en los años 2016 y 2017», ha añadido la portavoz, a la vez que ha lamentado que el Ayuntamiento va a tener que hacer frente «a una indemnización millonaria, puesto que, como saben, el Juzgado de lo Social dictó una sentencia en 2018, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el mes de marzo de 2019, y que nos obliga a pagar una deuda millonaria».
La demanda de CCOO afectaba a 2.000 contratos realizados en los años 2016 y 2017 y pedía compensar a los trabajadores por haber realizado tareas para las que no fueron contratados.
El Gobierno del PSOE carga contra el PP
La portavoz municipal ha cargado contra los anteriores gestores del Ayuntamiento de Talavera, el Partido Popular, porque entiende que hicieron «una nefasta gestión». Bellón ha expresado que es una decisión que tiene «muchísimo calado para las arcas municipales», porque «hipoteca a la ciudad».
Asegura que este caso se debe a «la falta de compromiso del anterior Gobierno del Partido Popular, una desorganización de los planes de empleo, de falta de realización de los proyectos con autonomía y sustantividad propia, empleaban a los trabajadores de los planes de empleo para hacer trabajos permanentes de este Ayuntamiento, una prepotencia, una soberbia y una falta de diálogo con la parte social que hizo que se tensionara tanto la cosa que se hizo que se mandara a los juzgados».
En este sentido, ha recordado Bellón, los proyectos de los planes de empleo necesitan la realización de unos proyectos específicos y «no utilizar a esas personas para hacer unos trabajos de sustitución de los empleados públicos que hay en el Ayuntamiento de Talavera, por ello han reclamado cobrar como los empleados del Ayuntamiento».
Por todo ello, ha pedido que «Jaime Ramos -exalcalde- y Santiago Serrano -exportavoz del Gobierno municipal- nos diesen explicaciones de cómo ha pasado esto en la ciudad».
«Tendremos que acatar la sentencia»
Hoy, en rueda de prensa, Bellón ha afirmado que esta decisión supondrán una carga de 12 millones al Ayuntamiento, aunque cuando salieron las sentencias en todo momento se habló de 15 millones.
También ha expresado que el Gobierno local tendrá que «acatar esa sentencia, el Ayuntamiento la tiene que cumplir». «Ya nos hemos puesto trabajar con el servicio de intervención, con el de tesorería, pera ver la forma de cómo pagar, posiblemente a lo largo del tiempo, estamos ahora haciendo ese estudio para hacer frente a la sentencia», ha subrayado.