Illescas, Argés, Méntrida, Alcázar… El caso de Talavera con los planes de empleo no es el único en el que un ayuntamiento de Castilla-La Mancha ha terminado denunciado en los tribunales, aunque con algunas diferencias significativas. La primera, la obvia, ninguna con un volumen económico como los 12 millones que tendrá que pagar el consistorio talaverano. Y la segunda: la mayoría de los casos se terminaron resolviendo mediante la negociación y adaptación de las condiciones laborales a lo estipulado por los planes de empleo y por la legislación laboral, puesto que la remuneración de estos contratos tiene que estar ajustada bien al convenio colectivo del ayuntamiento en cuestión y, en el caso de no existir, al salario mínimo interprofesional.
«Lo que hacen los ayuntamientos cuando tienen una situación que está mal es corregirlo», explica a encastillalamancha.es el secretario general de CCOO Toledo, José Luis Arroyo. Por ejemplo, en el caso de Illescas, «hubo varias demandas individuales, pero cuando hubo una sentencia judicial, Illescas corrigió la situación», expone, aunque también matiza que en los problemas que suele haber en las contrataciones del plan de empleo «no todo es denuncia, la denuncia es cuando no hay solución».
En la misma línea se pronuncia el responsable del Sector Autonómico de FESP UGT CLM, Luis Manuel Monforte, quien indica que «en la mayoría de los casos hemos llegado a acuerdos antes de judicializarse», al igual que María Ángeles Castellanos, secretaria de Empleo de CCOO CLM, quien expresa que «hay muchas cuestiones que se resuelven desde el ámbito del seguimiento y la negociación con los ayuntamientos y la Junta, nosotros trasladamos las incidencias que detectamos y cuando no se consigue es cuando se judicializa como ha ocurrido en el caso de Talavera, pero siempre intentamos que no se denuncie porque es más efectivo y menos costoso para todo el mundo que esto se resuelva cuanto antes».
La mayoría de los conflictos en entre ayuntamientos y sindicatos por el plan de empleo son por cuestiones relativas a las remuneraciones de los trabajadores, bien porque no se llegaba al salario mínimo o porque no se cumplía el convenio colectivo, aunque también por problemas como «el tema de los equipo de protección individual seguridad laboral que no se proporciona de manera correcta, evaluaciones que no están bien hechas, días de permisos propios que en un momento determinado que se han denegado», indica Arroyo.
Sin embargo en el caso de Talavera, detalla Arroyo, «ha sido el súmmum del despropósito, porque se han suplantado, por ejemplo, servicios de arquitecto municipal con los medios del plan de empleo, no se cumplían los requisitos básicos en materia de salud laboral previo a la reclamación del conflicto colectivo (conflicto que finalmente ha desembocado en esa millonaria deuda), tenemos resoluciones (de la Inspección Laboral) que decían que no se estaba cumpliendo temas seguridad laboral por parte del Ayuntamiento, cuestiones como poner a los trabajadores en horario nocturno, en la tarde, cuando otro requisito del plan de empleo era no poner a los trabajadores fuera del horario que tienen los empleados públicos, esas son algunas de las cuestiones que hacen distinto el caso de Talavera».
Y es que en estos planes «no existe una regulación (laboral), es una subvención que entrega la Junta y, bajo el principio de propia tutela que tienen los Ayuntamientos, organizan los distintos servicios bajo unos requerimientos que ya negociamos con la Junta, que son: que no se suplan puestos de trabajos del personal municipal; para evitar, por ejemplo, que se contraten saltando los procedimientos de acceso al empleo público igualdad, mérito y capacidad…», recuerda.
Méntrida, Alcázar, Mora, Argés…
El único caso que guarda similitudes con el de Talavera es el de Méntrida. Lo cuenta a este medio el responsable del Sector Autonómico de FESP UGT CLM, Luis Manuel Monforte, puesto que representantes sindicales de UGT llevaron otros dos casos a los tribunales, aunque con distinto final. En el caso de Alcázar se logró un acuerdo para adaptar los sueldos al salario mínimo interprofesional, pero en Méntrida (Toledo), a pesar de haber una sentencia, todavía no se ha adecuado el salario al convenio y, de hecho, el Ayuntamiento recurrió la sentencia y se está a la espera de la resolución judicial. «En Méntrida vamos un paso por detrás de Talavera», explica a encastillalamancha.es la delegada sindical de UGT en el Ayuntamiento de Méntrida, Pilar Mallo.
«Los dos casos son similares, los delegados sindicales en estos municipios reclamaron porque no era justo que en el Ayuntamiento hubiese trabajadores de primera y trabajadores de segunda, en algunos casos los contratados por los planes de empleo ni siguiera llegaban al salario mínimo interprofesional. Vía de la negociación colectiva se llegó a algunas mejoras, pero seguía habiendo trabajadores en precario y hubo que judicializarlo, el sindicato no tomó medidas colectivas, pero los delegados decidieron continuar adelante y el juez les dio la razón: si se contrata a un trabajador hay que cumplir el convenio colectivo», relata Monforte, quien explica que las sentencias «vienen a decir que la Junta de Comunidades da una subvención para contratar gente, pero no quiere decir que ese sea el salario de los trabajadores, se tienen que cumplir las normas marcadas por el convenio colectivo».
Pero la diferencia entre estos dos casos que ha llevado UGT es que en Méntrida sí se decidió recurrir la sentencia y en Alcázar «se tomó una solución intermedia», subraya, dado que «hay veces que los alcaldes no son conscientes de que tienen que negociar con los representantes de los trabajadores hasta que un juez les da un toque» y en este caso «hubo un pacto, la alcaldesa vio que tenía que subir el sueldo hasta por lo menos el SMI, en Méntrida no fue así y hubo que continuar», pero «el impacto tanto mediático como económico» no fue el mismo porque allí eran 36 contratos, por los 2.000 en que hay en Talavera.
En el caso de Mora, el caso no llegó a los tribunales y tras varias resoluciones de la Inspección de Trabajo, al final el Ayuntamiento negoció y se llegó a un acuerdo con el salario de los trabajadores del plan de empleo, al igual que pasó en Quintanar de la Orden. No así en Argés, donde CCOO llevó el caso a la justicia por no facilitar ropa de trabajo «ni ningún tipo de medida protección», a pesar de hacer trabajos, por ejemplo, de desbroce. En otro caso, en Torrijos, Arroyo explica que en cuanto se detectó algún problema «desde el principio se negoció bien y el convenio se ha aplicado correctamente».
¿Qué hay diferente en el caso de Talavera?
¿Cuál es la diferencia entre el caso de Talavera y otros similares? José Luis Arroyo asegura que en Talavera «cuando salta este tema, en lugar de resolverlo, incluso con sentencia judicial, porque nosotros apelamos a la apertura de negociación, lo que hace Talavera es seguir adelante y seguir incumpliendo la sentencia en planes de empleo sucesivos, que es lo que agrava más la situación».
«Eso no ha pasado en ningún sitio», lamenta Arroyo, «cuando se hizo la reclamación de que no se hacía bien los procesos y que estaban haciendo las cosas fatal en materia de salud laboral, que se estaba llevando a la plantilla del plan de empleo a hacer funciones donde no se podía, lo que se nos dijo desde el Ayuntamiento es que lo judicializaramos y en ese caso lo único que queda es el conflicto colectivo, es la única legitimación que tiene el sindicato para reclamar, procesalmente era la única vía».
«El equipo de Gobierno nos retó en varias ocasiones a judicializarlo»
El responsable de CCOO en la provincia de Toledo también le hemos preguntado por las palabras del entonces portavoz del Gobierno de CLM, Nacho Hernando, que defendió al Ayuntamiento de Talavera diciendo que la sentencia era «un despropósito«. Arroyo cree que el entonces Gobierno local de Talavera que dirigía Jaime Ramos se escudó en que «las contrataciones las hacían por un organismo autónomo (Ipeta), pero no le dijo que en los estatutos del organismo autónomo estaba la aplicación del convenio del personal laboral del Ayuntamiento de Talavera, tampoco le contaría que habían contratado arquitectos, personal en los organismos tributarios, creo que a la Junta le han contado lo mismo que al Supremo, una versión que no es real», subraya, y añade: «Nacho seguro que no sabía que había resoluciones de la Inspección, ni que había requerimientos de la Inspección, incumplimiento de salud laboral, ni que en las bases no se garantizaba la reserva para personas con discapacidad…».
«Ramos ha intentado engañar a todo el mundo, desde la gente del plan de empleo, a los ciudadanos de Talavera, a la Junta contándole una versión e incluso al Tribunal Supremo», ataca al exalcalde. «Cuando ya salta el problema es en una feria, que personalmente fui a ver lo que pasaba, allí estaba Ramos y el equipo de Gobierno nos reta en varias ocasiones, no solo en el calentón, a que si entendíamos que se estaba haciendo mal, que fuésemos a los tribunales, cuando te están planteando eso, al sindicato si le estás tomando la medida no le queda otra que dar la talla», incide, porque para él, «la irresponsabilidad fue seguir por esa vía tras perder la primera sentencia».
El objetivo no es acabar con los planes de empleo
Cabe recordar que los planes de empleo que ha impulsado el Gobierno regional en los últimos años han sido pactados con los sindicatos, pero no por ello estas organizaciones han dejado hacer o deshacer a los ayuntamientos a su antojo con las contrataciones, sino que en algunos consistorios han realizado un seguimiento para ver que se cumplía con la legislación.
Monforte ha alertado de una situación que no es de su agrado: «No me gustan las voces que dicen que estas acciones que están tomando las organizaciones sindicales son el medio para cargarnos los planes de empleo, son el medio para cargarnos los empleos precarios, si un alcalde a través de un plan de empleo dice que necesita 300 trabajadores, que sean en condiciones aceptable, tenemos unas normas y unas condiciones pactadas que las organizaciones sindicales, que somos firmantes de los convenio colectivos, no podemos permitir que existan trabajadores de primera y de segunda».
Y remarca su argumento: «Lo que se hace a veces es confundir la finalidad del plan de empleo, porque no es que la Junta a través del plan de empleo contrate trabajadores, es que los ayuntamientos contraten trabajadores con la ayuda de una subvención, que podrá ser suficiente o insuficiente, pero cada ayuntamiento tiene que saber que con esa subvención llega a hacer esos contratos o no, pero no vale con decir que la Junta me da x y lo tengo que hacer con x, esa no es la finalidad del plan de empleo, es una inyección para fomentar el empleo, porque si el Ayuntamiento tuviese que financiar el 100 por 100 no lo podría contratar, pero subvencionando el 70 o 80 por 100 entiendo que sí, se juega un poco a confundir y esa es la excusa que han usado algunos alcaldes».
La puerta a que haya más casos no está cerrada, aunque no parece probable que suceda otro caso como el de Talavera, a pesar de que a día de hoy los planes de empleo siguen adelante sin grandes variaciones en las bases de la convocatoria. «Con los planes de empleo pasa como con cualquier empleado municipal, si haces las cosas mal puede haber una reclamación, el problema está en que cuando lo haces mal, te lo están advirtiendo, tienes una primera sentencia, y eso se te va de madre porque no adoptas ninguna medida…», concluye Arroyo en relación al caso que a buen seguro seguirá coleando mucho tiempo en la ciudad de la cerámica.