La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha recalcado el compromiso «tanto de la Junta como de las empresas de la región, con el estricto cumplimiento de la normativa medioambiental en las instalaciones industriales de la comunidad».
Lo ha expuesto la consejera esta mañana en Toledo tras la firma de un convenio de colaboración con el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, para la verificación por parte de esta asociación del cumplimiento de la normativa medioambiental en las instalaciones industriales de sus empresas asociadas.
Previamente, Soriano y Nicolás han analizado los primeros resultados del Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2012-2018, correspondientes al pasado año, concretamente a partir de julio, mes en el que la Junta lo aprobó. En esos poco más de cuatro meses los técnicos de la Administración han realizado 405 verificaciones, detectando tan solo alguna deficiencia en dos instalaciones, menos del 0,5 por 100 del total.
Con el acuerdo firmado con Cecam, la Consejería de Agricultura pretende avanzar aún más en los objetivos del Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2012-2018, «implicando a las propias empresas en la tarea y simplificando y abaratando los procedimientos, aunque siempre reservando las inspecciones finales para el personal de la Administración», ha concretado la titular de Agricultura.
A juicio de Soriano, este convenio «evidencia que el Gobierno regional y las empresas, además de preocuparnos por los aspectos económicos, somos conscientes de que la crisis no puede ser una excusa para no avanzar hacia una actividad empresarial más sostenible y respetuosa con el entorno».
La responsable de Agricultura de la Junta ha detallado algunas de las ventajas de la colaboración que conlleva el convenio, tales como «reducir costes y eliminar burocracia, mejorar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de las empresas, disminuir el impacto ambiental, reducir el número de denuncias o mejorar la imagen pública de las empresas, además de comprometer a las industrias en el cuidado del entorno».
A todo ello, Soriano ha añadido el ahorro económico que supone descargar a la Administración de una parte de la tarea y el beneficio para las empresas, ya que se podrán reducir los montantes de la prima del seguro, conseguir beneficios fiscales y lograr con mayor facilidad el certificado de convalidación medioambiental.
1.200 VERIFICACIONES EN 2013
María Luisa Soriano ha explicado que para este año 2013 la Consejería de Agricultura prevé que sus técnicos realicen unas 1.200 verificaciones, entre las más de 23.000 instalaciones industriales de Castilla-La Mancha sujetas al cumplimiento de la normativa.
A esas verificaciones por parte de la Administración hay que sumar, gracias al convenio firmado, «otras muchas que hará la propia Confederación de Empresarios, lo que multiplicará las tareas de control, a la vez que se ahorran costes y se simplifican las tareas burocráticas a las empresas», ha concluido la consejera.