Las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Toledo se prolongarán durante cuatro años desde el pistoletazo de salida, para lo cual todavía resta cumplir varios trámites administrativos de competencia municipal.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francho Tierraseca, ha explicado a Europa Press que el compromiso con la nueva infraestructura está blindado y ya es «irreversible».
En todo caso, el inicio de las obras está supeditado a los plazos que marquen la preceptiva actuación urbanística por parte del Ayuntamiento, aunque Tierraseca ha recalcado que hay un buen clima de «cooperación» entre ambas administraciones.
Así, una vez que «se delimiten las actuaciones de calificación urbanística» del solar propiedad del Ministerio de Defensa, se podrán dar pasos en su construcción. En este punto, ha recalcado que, aunque el solar no está en zona protegida, sí está «justo enfrente» del límite de la zona de Vega Baja, por lo que «habrá que tomar todas las medidas de protección» necesarias para respetar este espacio.
El futuro cuartel de la Guardia Civil en la capital regional «va a superar ampliamente al actual» -con más del doble de superficie- y albergará la Comandancia de Toledo y la Jefatura de Zona. Toda vez se superen los trámites urbanísticos se darán pasos en la elaboración del anteproyecto, la adjudicación de las obras y la puesta en marcha de las mismas.
Al ser una edificación «muy singular» y destinada a seguridad, el proceso «es mucho más complejo», por lo que «no se pueden garantizar los plazos».
Sobre el hueco que dejará el cuartel actual en la toledana avenida de Barber, ha confirmado que el terreno pasará a ser propiedad del Ayuntamiento.
El delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma ha recordado que el Plan Estatal de Infraestructuras del Ministerio de Interior recoge además otras obras de mejora y adecuación de cuarteles y comisarías dentro de la región.
Aunque la obra de más prioridad es el edificio de Toledo, también en Villarrobledo y Caudete se pondrán en marcha otros dos cuarteles.
Además, en cuanto a instalaciones para la Policía Nacional, en este plan se recogen obras importantes y avanzadas como las comisarías de Cuenca y Puertollano; así como la renovación de las instalaciones de los GEO en Guadalajara.
Más presencia en la calle
Francho Tierraseca ha sugerido acometer una «reconfiguración» del trabajo en los cuarteles de la Guardia Civil en todo el territorio, apostando por «más presencia» en la calle, en los pueblos y en los caminos rurales «eliminando algunas labores burocráticas que se deben realizar en los cuarteles».
La intención es «reforzar la presencia de patrullas y su visualización por parte de la población», algo que se deberá realizar no solo en núcleos urbanos, sino especialmente en caminos.
Para ello también se cuenta con reforzar la plantilla, algo que será posible tras la convocatoria de oferta de empleo público que recogía 2.275 nuevas plazas de agentes de Guardia Civil en todo el territorio nacional.
Estos efectivos ya han salido de la academia de Baeza (Jaén) y tendrán que completar dos años de formación en prácticas antes de incorporarse a sus destinos definitivos.
Este «reforzamiento» de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha pasa además por incentivar más presencia en dos áreas «que son las de mayor preocupación», como son la zona de La Sagra y el Corredor del Henares.
«Hay que repensar el papel de la Guardia Civil y ver de qué forma pensamos en dar más seguridad a un territorio tan amplio como el que tenemos en Castilla-La Mancha, cada vez más despoblado y con distancias dispares entre núcleos de población», ha defendido Tierraseca, quien aboga además por «afrontar de forma integral cuál es el modelo de Guardia Civil a implantar en toda España».
En este proceso, también ha incluido la necesidad de acometer una «reconfiguración» de «cuarteles, compañías y puestos principales».
En otro orden de cosas, Tierraseca se ha referido a la problemática de la ocupación de viviendas vacías, especialmente preocupante en la zona de La Sagra toledana, ante lo que ha apelado a los propietarios de los inmuebles, «la inmensa mayoría entidades financieras o fondos de inversión», para que asuman «responsabilidad en la defensa de sus propiedades para que no se produzca ninguna ocupación ilegal».
Sobre este asunto, ha desligado el fenómeno de la ocupación con el aumento de la delincuencia o la inseguridad en estos municipios. «No podemos decir que todas las personas que ocupan son delincuentes», ha insistido.
Además, ha propuesto trabajar «de manera conjunta con ayuntamientos» para «seguir defendiendo la convivencia en estas localidades». Igualmente, ha considerado que es necesaria «una adaptación legislativa».