Más de 80 organizaciones se han adherido al Manifiesto en Defensa de los Montes de Utilidad Pública con el que se pretende dar «la batalla» al Gobierno de Castilla-La Mancha para que rectifique y no haga efectiva la venta de montes públicos.
El manifiesto se ha presentado en Toledo, por celebrarse mañana el Día Internacional de los Bosques y por ser Castilla-La Mancha la primera comunidad en mostrar sus intenciones de vender fincas rústicas de titularidad autonómica, ha avanzado el portavoz de Ecologistas en Acción CLM, Miguel Ángel Hernández.
Hernández ha lamentado que esta región haya sido «la pionera» en una medida que no tiene la misma «envergadura» en otras autonomías porque, ha opinado, «parece que somos conejillos de indias para muchas privatizaciones y ataques a lo público».
Ha detallado que, pese a la falta de transparencia del Gobierno regional, Ecologistas en Acción ha publicado en su web un informe («Listado inicial de montes públicos susceptibles de venta en Castilla-La Mancha») en el que aparecen «con nombres y apellidos» los montes que está barajando vender la Junta.
Hernández ha explicado que la Junta pretende obtener por la venta de fincas rústicas en la región, este año, 45 millones de euros y ha ampliado, como «dato incontestable», que el 95 por 100 de la superficie de la que es dueña son montes públicos y el 5 por 100 restante, unas 10.000 hectáreas, parcelas agrícolas que «ni en el mejor de los escenarios generaría esa cifra de millones que pretende conseguir en este año».
El secretario de Ecologistas en Acción ha detallado que ahora mismo en Castilla-La Mancha existen 228 montes de utilidad pública, con una superficie de 171.000 hectáreas, y que en el listado inicial de montes que la Junta pondría a la venta están incluidos 57 montes con una superficie de 40.000 hectáreas, es decir, el 25 por 100 de los montes de utilidad pública en la región.
Hernández ha mostrado además su temor de que «todos ellos o gran parte ya tienen comprador» y, aquí, ha confirmado que «si la Junta no da pasos atrás haremos pública la lista de beneficiarios» porque, ha zanjado, «esto se hace por un bien de particulares con capacidad para hacerse con unas fincas públicas en la que se han invertido una cantidad enorme de dinero y que, ahora, están a punto de caramelo de poder obtener réditos por ellas y sacarlas todo el jugo».
Por su parte, el responsable de montes de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, ha explicado que el manifiesto ha surgido por iniciativa de la Asociación de Profesionales Forestales (Profor) y ya se han sumado más de 80 organizaciones, entre las que figuran empresas forestales, colegios profesionales, escuelas de ingeniería forestal, centros de investigación forestal, diecinueve organizaciones ecologistas, cooperativas, asociaciones de montes y sindicatos.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha razonado Soto, «ha conseguido aunar bajo una misma bandera a sectores que solemos discutir sobre temas medioambientales y estamos en una misma mesa y bajo un mismo manifiesto».
Un hecho que, según Soto, «supone que se deje solo al Gobierno de Castilla-La Mancha» y que represente la defensa sin condiciones del patrimonio forestal público en el actual contexto de privatización general para vender, arrendar o cambiar de titularidad pública.
Ha llamado a luchar contra el desmantelamiento de lo público que, ha aseverado, «en Castilla-La Mancha es de forma más descarnada, clara, contundente».
En la jornada también han participado, entre otros, el presidente del Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla-La Mancha, Ángel Roldán, y el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM) de Castilla-La Mancha, Luis Díaz.