Según una noticia recogida en El País, el Consejo de Europa ha elaborado un informe sobre la “Democracia local y regional en España” que incluye cerca de una docena de recomendaciones al Gobierno para la mejora del sistema de la Administración.
Entre los reproches a la Administración española se encuentran algunas de las medidas que el Gobierno tiene previsto incluir en la nueva reforma loma local como es el caso de los sueldos de los alcaldes pero, en la misma medida, la institución europea reclama establecer “normas de remuneración de los miembros de los parlamentos de las Comunidades Autónomas, que les permitan desempeñar sus funciones”, en claro desacuerdo con la medida adoptada por la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, de dejar a los diputados autonómicos sin retribución fija.
El informe explicita el caso de Castilla-La Mancha y su llamada de atención al Gobierno “sobre las exigencias que implican una compensación económica adecuada por los gastos incurrido en el ejercicio del cargo, así como en su caso, la compensación por pérdida de ingresos o remuneraciones por el trabajo realizado” por los parlamentarios autonómicos.
El escrito asegura que la medida adoptada por Cospedal respecto a las retribuciones de los parlamentario incumple el artículo 7 de Carta Europea de Autonomía local, que señala que el ejercicio de responsabilidades locales «debe permitir la compensación financiera adecuada a los gastos causados con motivo del ejercicio de su mandato, así como si llega el caso, la compensación financiera de los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo desempeñado y la cobertura social correspondiente».
Una de las mayores críticas es a la duplicidad de competencias, algo que el Gobierno pretende solventar con la reforma. El Consejo de Europa destaca la falta de precisión sobre la «distribución y delegación de competencias y responsabilidades a las autoridades locales y regionales” y refleja que este hecho “provoca una pérdida de recursos financieros para las autoridades locales y regionales, así como una pérdida de eficiencia de los servicios públicos prestados a los ciudadanos”.
En cualquier caso, sostiene que la transferencia de competencias a los municipios ha de realizarse con los “recursos financieros adecuados” y que el Gobierno debe aumentar la autonomía fiscal de los municipios, “con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la situación financiera de las entidades locales, mediante la creación de condiciones apropiadas y políticas a fin de que la principal forma de ingresos para los municipios provenga de sus propios recursos y no de las transferencias que se otorgan por las regiones y el Estado”.
Así, hace especial hincapié en la protección a los municipios y subraya que el Gobierno debe asegurar a pequeños “un mayor apoyo de la administración provincial y un sistema de compensación entre municipios, con el fin de transferir recursos de los más ricos a los más pobres”. Además, señala que, en el caso de que se produzcan fusiones, debe garantizarse un proceso de consulta que “esté debidamente organizado”