Castilla-La Mancha ha conseguido un 8,6 de nota total en la última edición Dictamen del Observatorio de la Dependencia, colocándose así como segunda mejor comunidad autónoma en el ranking, solo por detrás de Castilla y León.
Según los datos, recogidos por Europa Press, la región vuelve a registrar, por cuarto año consecutivo, un crecimiento de las personas atendidas del 7,51 por 100 respecto al ejercicio precedente. En los últimos cuatro años ha crecido más del 57 por 100, situándose como la segunda con mejor ratio de personas potencialmente dependientes atendidas.
La puntuación obtenida en la aplicación de la escala es de un 8,6, la mayor desde el inicio del sistema y la segunda mejor del país. Desde el año 2015 no ha dejado de crecer, y ha pasado del suspenso -4,6 en aquel año- a rozar el sobresaliente.
Además, en este último ejercicio ha conseguido rebajar la tasa de desatendidos del 11 por 100 de finales de 2018 al 8,7 por 100 en la misma fecha de 2019, manteniéndose ya alejada por debajo de la media nacional.
Entre las nuevas atenciones, más del 70 por 100 se han centrado en servicios de proximidad significando esto un incremento sobre los datos del año anterior que ya eran buenos en este sentido.
Este aspecto tan positivo, «se ve ensombrecido» según el Observatorio porque se debe en 2019 a un gran aumento de la teleasistencia que viene a compensar un descenso preocupante en el incremento de Ayudas a Domicilio de años anteriores que lograron convertir la Ayuda a Domicilio en 2018 en la principal prestación de su cartera de servicios.
El sistema genera ya en Castilla-La Mancha 16.018 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en los últimos cuatro años más de 6.000 nuevos empleos.
Según el dictamen, en el último año Castilla-La Mancha ha dejado de percibir del Estado algo más de 26 millones como consecuencia de los recortes, y con ese dinero se podrían haber atendido 4.362 nuevos dependientes, además de crear 1.015 nuevos empleos en la comunidad autónoma.
Crece el número de personas esperando en España
Hasta 426.000 personas se encontraban a la espera de recibir atención a la dependencia en España en 2019, lo que supone 50.000 más que a finales del año anterior. Se trata de la primera vez desde 2016 que aumenta el número de personas con necesidad de recibir este tipo de ayuda.
En concreto, hay 266.000 personas en la lista de espera para recibir atención, lo que supone 20.000 personas más que en 2018, y otras cerca de 160.000 personas pendientes de valoración, 30.000 más que en el ejercicio anterior.
El documento, dado a conocer este lunes, pone de relieve que en ocho regiones españolas ha crecido la lista de espera en 2019, situándose a la cabeza Extremadura (7,9 por 100), seguida de Asturias (7,8 por 100), Comunidad de Madrid (4,3 por 100), Región de Murcia (3,9 por 100), Islas Baleares (3,3 por 100), Comunidad Valenciana (1,9 por 100), Galicia (0,6 por 100) y la ciudad autónoma de Melilla (0,3 por 100).
Según el informe del observatorio, recogido por Europa Press, el 42 por 100 de las personas desatendidas en 2019, es decir, 113.275 en total -15.000 más que el año anterior- son dependientes con grados III o II, con necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
Además, los autores del estudio concluyen que en 2019 «se ralentiza» el incremento de personas beneficiarias, ya que el aumento de personas que sí fueron atendidas fue un 39 por 100 inferior que el año anterior (con 99.444 beneficiarios en 2018 y 60.904 en 2019).
En relación con el plazo de tramitación, se sitúa en una media de 426 días de media, «con grandes variaciones territoriales», según denuncia el observatorio, que añade que al ritmo de incorporaciones de beneficiarios de 2019 se tardarían casi cinco años en lograr la plena atención.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191).
En el otro extremo se sitúan Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576).
El dictamen pone de relieve que el 3 por 100 de la población española necesita apoyos para desarrollar actividades básicas de la vida diaria.
De este modo, a 31 de diciembre de 2019 había en España 1.385.037 personas en situación de dependencia reconocida y otras 159.193 pendientes de valoración.
Más mujeres que hombres
Según los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, 1.115.183 personas recibían prestaciones o servicios del sistema por su situación de dependencia al finalizar 2019, lo que representa 60.908 más que un año antes (+6,4 por 100).
Del total de personas con dependencia reconocida, el 65 por 100 son mujeres y el 35 por 100, hombres.
El 72,6 por 100 de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,2 por 100.
Por otro lado, el dictamen sostiene que la pérdida de recursos económicos en dependencia desde 2012 asciende a 5.864 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
«El recorte a la dependencia es el único recorte de los años crisis, que aun no ha sido recuperado», advierte.
En este sentido, apunta que un total de 8.891 millones de euros es el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2019, de los cuales las administraciones públicas aportaron 7.050 millones de euros y 1.840 millones los usuarios «en forma de copago regulado», lo que supone un 20,7 por 100.
«Del gasto público directo en dependencia en 2019, la administración general del Estado soportó el 20 por 100 y las comunidades autónomas el 80 por 100.
Muy lejos de la pretendida aportación al 50 por 100», denuncia el dictamen, que añade que el Sistema de Atención a la Dependencia en 2019 generó 263.024 empleos directos, 16.000 más que el año anterior.
El impacto sobre el empleo es de 37,3 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido, ha subrayado.