El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a CC.OO. y ha condenado al Ayuntamiento de Cervera de los Montes, gobernado por el PP (el alcalde es Pedro Pérez), «por despedir a una trabajadora por su condición de personas con discapacidad», tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.
De hecho, el ayuntamiento «tendrá que abonar a la mujer los salarios que dejó de percibir desde el día de su despido, que fue declarado nulo, hasta la finalización de su contrato, más una indemnización de 2.000 euros por daños morales y por vulneración de su derecho fundamental a la no discriminación».
Todo sucedió en el verano de 2018, cuando el ayuntamiento ofertó dos plazas de taquillero/a de la piscina municipal para la temporada de verano y tras el proceso de selección a las dos personas elegidas se les hicieron contratos desde el 23 de junio hasta el 7 de julio.
El Ayuntamiento de Cervera de los Montes no ha dado una explicación razonable
«Pero mientras a una de las personas seleccionadas se le prorrogó el contrato hasta el final de la temporada, el 2 de septiembre, a esta persona con discapacidad le fue comunicado su despido el 4 de julio porque no había superado el periodo de prueba, y fue cesada el 7 de julio. Poco después el ayuntamiento contrató a otra persona. Y luego a una más para atender las taquillas de la piscina municipal».
Una sentencia en la que se recalca «que el ayuntamiento no ha ofrecido una explicación legal suficiente de la razón por la que cesó a la trabajadora».
Y concluye la sentencia que el cese de esta persona con discapacidad «no obedece a una extinción ordinaria y amparada legalmente del contrato, sino a una decisión empresarial que vulnera su derecho fundamental a no ser discriminada por razón de su discapacidad».
Aún queda, si el ayuntamiento así lo cree oportuno, recurrir ante el Tribunal Supremo.