«Los ayuntamientos democráticos cumplen años en un momento de incertidumbre sobre su futuro. El 3 de abril de 1979, los españoles acudieron a unas elecciones municipales para elegir alcaldes y concejales por primera vez después de una larga etapa de ausencia de libertades. Desde entonces, han desempeñado un papel clave en la consolidación democrática, en la creación de espacios de convivencia pacífica, en la mejora de los servicios básicos y, por qué no, también en la conquista de derechos.
Sin embargo, 34 años después, el papel de los ayuntamientos está en cuestión por una reforma de la administración local, impulsada por el actual Gobierno del PP, que amenaza a algunos de ellos incluso con la desaparición y pone a todos bajo sospecha, señalándoles como causantes de la crisis.
Una excusa que no resiste el menor análisis, cuando sabemos por los datos que facilita el propio Banco de España que la deuda de los ayuntamientos apenas representaba el 4% del PIB al acabar el año 2012, frente casi un 18% de las comunidades autónomas y más del 72% de la administración central. Eso, sin contar con que cerca del 18% de la deuda total de las administraciones locales corresponde a un solo Ayuntamiento, el de Madrid, como consecuencia de las obras faraónicas en las que se enfrascó el anterior alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, ahora ministro del mismo Gobierno que pretende culpabilizar a los pueblos más pequeños del desajuste en las cuentas del Estado.
La realidad es que la reforma de la administración local planteada por el Gobierno de Mariano Rajoy no es más que eso, una excusa para maniatar a los ayuntamientos y, al tiempo, pasar por encima de la voluntad libremente expresada por los vecinos en una de las manifestaciones más puras de la democracia, como es la elección del alcalde.
El Gobierno del PP no quiere que los alcaldes piensen por sí mismos y defiendan a sus vecinos. No quiere líderes locales. Prefiere ayuntamientos vacíos de competencias, meras sucursales del resto de administraciones, y prefiere alcaldes y concejales que se limiten a actuar como meras correas de transmisión de otros centros de poder administrativo, localizados a muchos kilómetros de distancia y con intereses a menudo bien distintos a los de los ciudadanos de a pie. El PP no quiere alcaldes y alcaldesas, quiere marionetas.
La cercanía a los vecinos, la atención permanente a sus problemas y necesidades, grandes y pequeñas, la voz que muchos de ellos no pueden alzar por sí mismos para defender sus intereses, pasarían así a la historia. Esto es especialmente grave en una provincia como Guadalajara, con cerca de 300 ayuntamientos, de los cuales la mitad tienen menos de 100 habitantes, y ni siquiera una decena superan los 5.000 habitantes, listón por debajo del cual la amenaza de intervención es una posibilidad muy cierta con la reforma local que está sobre la mesa.
De hecho, en una provincia con estas características, es más necesaria que en cualquier otra la figura del alcalde que se debe solo a sus vecinos. Lo acabamos de vivir de manera palpable hace bien poco, cuando el Gobierno de María Dolores Cospedal ha pretendido cerrar servicios de urgencias rurales.
Alcaldes de municipios muy pequeños han estado a la altura de las circunstancias, poniéndose al lado de sus vecinos, encabezando sus reivindicaciones y llegando donde ha hecho falta en una lucha que ha concluido con una gran victoria de David sobre Goliat, y que ha devuelto la tranquilidad a muchas personas que no merecían el trato que les ha dado Cospedal.
En una ocasión como esta, se ha visto bien claro dónde está cada cual. Dónde están los alcaldes –al lado de los vecinos– y dónde están otros. Por ejemplo, la presidenta de la Diputación, que se ha puesto directamente a las órdenes de Cospedal. Seguramente por haber mantenido esta actitud, la reforma de la administración local impulsada por el PP pretende agradecerle los servicios prestados premiándola con más poder, en detrimento de los alcaldes y alcaldesas, a quienes verdaderamente eligen los ciudadanos.
Por eso, en un día como hoy, el PSOE de Guadalajara quiere agradecer a los representantes locales su labor, especialmente en los municipios más pequeños, y quiere reivindicar su papel para que tengan la posibilidad de seguir prestando servicios de proximidad y defendiendo el bienestar, los derechos y las libertades de sus vecinos».
Julio García Moreno, secretario de Política Municipal del PSOE de Guadalajara.