El sindicato CSIF ha hecho entrega de escritos de protesta para mostrar el desacuerdo general de los funcionarios responsables de la Salud Pública castellano-manchega, que temen pueda verse seriamente afectado el actual sistema de prestación del servicio por las intenciones del gobierno regional de llevar a la Mesa General de Negociación del próximo 8 de abril la modificación de la Ley 4/2011.
María Ángeles Aguilar Tolosa, veterinaria oficial de Salud Pública, y Marcos Serrano García, farmacéutico oficial de Salud Pública, han presentado en el registro de la Consejería de Presidencia un gran número de escritos, que suponen aproximadamente el 70 por 100 de los funcionarios de la Salud Pública regional, solicitando que no se cometa el «grave error» de crear un cuerpo de veterinarios ajeno a la actual estructura, «que ha venido demostrando durante los últimos años su eficacia, calidad y contrastado funcionamiento».
CSIF denuncia que esa es la intención del gobierno regional si prospera el borrador de modificación de la Ley 4/2011, que se llevará a la Mesa General de Negociación del próximo 8 de abril, y que puede suponer el desmantelamiento definitivo del servicio de salud Pública en Castilla-La Mancha.
Hay que mencionar que la intención de crear un cuerpo aislado de veterinarios rompe la actual estructura multidisciplinar de los distintos profesionales que contribuyen a mantener la excelencia de nuestra Salud Pública. «Dejar fuera de la cadena de Seguridad Alimentaria y Salud Pública a farmacéuticos y otros profesionales comprometidos con ese cometido pondrá en peligro la calidad del servicio y hasta su propia prestación».
Además, en nota de prensa el sindicato dice que la creación del cuerpo de veterinarios supondrá un «bloqueo irrecuperable para la carrera vertical de los empleados que entren a formar parte del mismo, pues verán mermadas casi de forma definitiva sus posibilidades de acceso a puestos de trabajo ajenos a ese cuerpo».
Por todo lo expuesto, CSIF se opone a esa modificación y exige reflexión al gobierno regional para que recapacite en la pretendida modificación de la Ley 4/2011 y no ponga en peligro un sistema de Salud Pública excelente y reconocido en todo el territorio nacional.