El exresponsable comercial de Caja Castilla La Mancha (CCM) Miguel Ángel Martínez Ortega ha afirmado en la Audiencia Nacional que comunicaba las operaciones de riesgo de la caja castellanomanchega a la Comisión Ejecutiva y no solo al expresidente Juan Pedro Hernández Moltó o directamente al exdirector general Ildefonso Ortega.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que dos peritos del Banco de España han ratificado ante el juez Pablo Ruz el informe en el que analizaron diversas operaciones de CCM con Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia y Grupo Lábaro, concluyendo que eran «contrarias a la normativa bancaria y mercantil».
Los peritos consideraban que con la aprobación de estas operaciones se pudo generar un perjuicio para CCM próximo a 267 millones de euros y, por otro lado, un beneficio para personas o entidades ajenas a la caja.
De todas las operaciones investigadas, la de mayor volumen es la de un crédito de 60 millones a Zent Inversiones, cuya información se aportó en la reunión de la ejecutiva de CCM del 26 de julio de 2007.
A continuación figuran dos préstamos de 50 millones de euros cada uno para el empresario Antonio Barco Fernández y para el Grupo de Negocios Urbaja, cuyos datos se vieron en sendas reuniones en diciembre de 2006.
Después de los peritos, el que fuera también subdirector general de la caja manchega, citado en calidad de testigo, ha explicado a Ruz que él presentaba las operaciones de riesgo ante la comisión ejecutiva, de la que formaba parte el expresidente Moltó, y no directamente ante los imputados, a los que de esta forma ha exculpado, según las fuentes consultadas.
Además, en la línea de lo que ya declararan Moltó y Ortega, imputados por estafa, administración desleal y falsedad contable, Martínez ha atribuido los problemas de la entidad a una falta de liquidez derivada de la crisis económica y financiera que provocó su posterior intervención.
Unos problemas de los que, ha precisado, estaba al corriente el Banco de España, han recalcado las mismas fuentes.
Próximamente, el magistrado preguntará a la Fiscalía Anticorrupción si desea que se practiquen más diligencias ya que, según han señalado las mismas fuentes, la acusación que dio lugar al procedimiento ha dejado de participar activamente en el mismo desde hace meses.
Dicha causa se inició a raíz de una denuncia que presentaron en julio de 2010 seis miembros del PP en la Asamblea General de CCM, y que fue elaborada por el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo.