La Diputación de Toledo presentará la semana que viene una denuncia ante el Juzgado de Instrucción para que resuelva si las compras realizadas por el anterior equipo de Gobierno del PSOE entre los años 2007 y 2011 constituyen un delito. Así lo ha aprobado su Junta de Gobierno, una decisión que ha sido dada a conocer en rueda de prensa por el vicepresidente portavoz de la institución, Jaime Ramos.
En su comparecencia ha puesto de manifiesto que esta medida viene precedida de la «alarma social» producida, del «perjuicio patrimonial» ocasionado a esta administración y en aras a que por parte de la Fiscalía provincial «no hemos tenido conocimiento sobre la investigación de los hechos que pusimos en su conocimiento el 16 de abril de 2012». «Cumplimos con nuestra obligación de denunciarlo», ha señalado.
Ramos ha reiterado que las compras llevadas a cabo en este período -que representaron un desembolso de 125.000 euros para adquirir tubos fluorescentes y 140.000 para miles de bolsas de basura, miles de litros de jabón y otros productos higiénicos- «podrían ser constitutivos de delito al haberse detectado que falta el expediente de contratación; que suponen un volumen desproporcionado en comparación con las necesidades de la Diputación; y que hay sobreprecio en el pago de los productos», todo lo cual lleva al PP a hablar de un perjuicio patrimonial por valor de cerca de 300.000 euros, a lo que suman «la necesidad de alquilar un local para el almacenamiento de estos artículos y el riesgo de su deterioro». Hoy en día, la Diputación mantiene una deuda con las empresas suministradoras que asciende a los 89.000 euros.
Ha apuntado que lo que han presentado es una denuncia, «no una querella», y que lo que denuncian son los hechos, «correspondiendo al juzgado competente dirimir si existe responsabilidad y quiénes son los responsables si la hubiera», siempre con el objetivo último -ha añadido- de reparar el perjuicio económico y también que los tribunales den una respuesta cuanto antes y así proceder con todo ese material almacenado.
Como ejemplo de lo que consideran una actuación que debe ser juzgada, ha afirmado que «hoy mismo ha habido que cambiar dos fluorescentes en la Diputación y se han tenido que comprar porque los almacenados no sirven para este edificio».
«EL PSOE YA TIENE ACCESO AL EXPEDIENTE»
Jaime Ramos también ha anunciado que el PSOE ya tiene acceso al expediente que había solicitado ver en relación a estos hechos denunciados por la Diputación de Toledo. Ha defendido que el equipo de Gobierno ha respetado los plazos y las formas en esta petición de información de la oposición y ha criticado que «lo único que querían los socialistas era hacer ruido». Lo ha justificado argumentando que el pasado 2 de abril los diputados Fernando Muñoz y Álvaro Gutiérrez requirieron una copia de la auditoria interna. «No se llevó a cabo una auditoria interna por eso se ha estado deliberando cómo proceder para darles esta información». Ha aclarado, no obstante, que cuando se solicita el acceso a un expediente hay de plazo cinco días para informar negativamente y que el silencio administrativo en estos casos siempre es positivo, aún así «la ley obliga a dar una contestación». Según ha dicho, el 9 de abril el presidente dictó un decreto por el que se permitía el acceso y «hoy ha sido entregado al PSOE y lo han rechazado porque no tenía fecha de 12 de abril», lo que me hace pensar que solo quieren hacer ruido».
Sostiene que esta forma de proceder del PP «dista mucho de la práctica del anterior Gobierno socialista». Ponía el ejemplo de cuando en marzo de 2011 pidió acceder a un expediente sobre una contratación sobre el que «no me llegaron a contestar».