El presidente de la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, Luis Díaz, ha avisado hoy de que el verano en materia de incendios en la región «puede ser complicado» como consecuencia de las abundantes lluvias, la falta de limpieza del monte en invierno y los «recortes» en época alta.
Luis Díaz, acompañado del presidente nacional de la asociación, Ferrán Almansa, se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas en la última jornada del II Congreso nacional de Agentes Forestales y Medioambientales que se celebra en Toledo.
El presidente regional de la Asociación de Agentes Medioambientales ha manifestado que una de las quejas que se ha puesto de manifiesto durante el transcurso del Congreso ha sido la limitación de medios y recursos y el despido de interinos en Castilla-La Mancha.
«No se puede despedir a la gente como en Castilla-La Mancha, que ha habido un parón de cuatro meses en los que nadie ha limpiado los montes», ha criticado en referencia al ERE de Geacam, por el que los trabajadores forestales han pasado de trabajar doce meses a ocho meses al año.
A esta circunstancia, ha continuado, se suman las abundantes precipitaciones que ha habido en la región, que han hecho crecer el pasto y la maleza, lo que provocará la formación de «un montón de combustible seco fino» durante el verano.
Y también «los recortes» para la temporada alta de incendios, que en Castilla-La Mancha transcurre entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, pues ha dicho que en la región hay unos 530 agentes medioambientales, cuando la cifra ideal serían 700 para «cubrir las expectativas de protección y vigilancia de los bienes naturales», ha añadido.
Todo ello, ha alertado, podría tener como consecuencia «un verano complicado» en materia de incendios en la región.
En cuanto a las conclusiones del Congreso, Almansa ha avanzado que se ha puesto de manifiesto la necesidad de homogeneizar la de los agentes imagen en todo el país.
También se ha incidido en la necesidad de que en cualquier desarrollo normativo se siga teniendo en cuenta a los agentes medioambientales como policía judicial medioambiental y de conseguir una regulación similar en todo el territorio nacional.
Todas las conclusiones, ha explicado Almansa, se elevarán tanto a los ministerios de Interior y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como al Gobierno de Castilla-La Mancha y a las administraciones locales.