El proyecto de Ley de Patrimonio Cultural contempla multas de hasta un millón de euros por usar detectores de metales en bienes inscritos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha o de hasta 150.000 euros por no comunicar un hallazgo casual de restos con valor histórico-cultural.
La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha calificado este proyecto de ley, que incluye la realización del primer catálogo patrimonial de Castilla-La Mancha y refuerza la protección al establecer sanciones que pueden llegar hasta un millón de euros.
El texto recoge como sanciones muy graves, con multas de entre los 150.000 y el millón de euros, la utilización de detectores de metales en bienes inscritos en el Catálogo regional del Patrimonio Cultural, así como en los ámbitos de protección y prevención recogidos en los planeamientos generales, sin autorización, cuando se produzca remoción del terreno y un daño grave e irreparable.
También acarreará una sanción muy grave la destrucción o desplazamiento de un Bien de Interés Cultural (BIC), el otorgamiento de licencias municipales contraviniendo lo dispuesto en esta ley, la omisión del deber de conservación cuando traiga como consecuencia la destrucción o deterioro irreparable de patrimonio, o toda actuación que cause un daño por valor superior a los 60.000 euros.
El texto considera infracciones graves, con sanciones de entre 6.000 y 150.000 euros, el incumplimiento del deber de comunicar un hallazgo casual de restos con valor histórico-cultural y la entrega de los mismos, la obstrucción de la actuación inspectora de la Consejería de Cultura o la denegación de acceso a los bienes declarados de interés cultural.
MULTAS DE ENTRE LOS 100 Y LOS 6.000 EUROS
Serán infracciones leves, con multas de entre los 100 y los 6.000 euros, la instalación de publicidad, cables, antenas o conducciones que impidan la apreciación de un BIC dentro de su entorno sin la autorización de la Consejería o la falta de comunicación por parte de los particulares de aquellos hechos que pongan en peligro la integridad de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural.
El texto establece que el importe recaudado por la imposición de estas sanciones se destinará a la conservación y protección del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.
El proyecto de Ley de Patrimonio Cultural recoge también la creación de nuevos órganos para garantizar el correcto desarrollo de la ley, como son el Consejo Regional, que es un órgano consultivo y la Junta de Valoración, que es asesor; además por primera vez se realiza un catálogo de bienes patrimoniales de Castilla-La Mancha y un inventario de patrimonio.