El fiscal ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que anule las órdenes de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha por las que se suprimieron 700 plazas de interino al entender que se vulneró la libertad sindical.
El fiscal, en un escrito fechado el 3 de abril y que ha difundido el sindicato STAS, propone a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal que estime los recursos presentados por este sindicato y por UGT y anule la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal funcionario, escala superior de sanitarios locales en las especialidades de Farmacia y Veterinaria.
El fiscal considera que la Junta vulneró el derecho a la libertad sindical, en concreto a la negociación colectiva, en las conversaciones previas a la publicación de esas órdenes, el 20 de agosto de 2012.
En su escrito, reproduce parte de las actas de la reunión de la mesa sectorial mantenida el mismo 20 de agosto entre las 13.00 y las 15.00 horas y entre las 16.30 y 23.00 horas, en la que los representantes sindicales se quejaban del «atropello» que suponía que se les retirase la palabra y que se impusiera el paso de una Consejería a otra sin que se hubiese terminado el debate sobre la anterior.
El fiscal subraya que, para una decisión de «extraordinaria relevancia», como es la supresión de 700 plazas de funcionario, la Junta provocara «unilateralmente» el cierre de la negociación tras una sola reunión de la Mesa.
«CONDUCTA ANTISINDICAL»
Añade que la ausencia de toda formalidad posterior para resolver el conflicto y la inmediata publicación y entrada en vigor de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo constituyen elementos valorativos suficientes para apreciar una «conducta antisindical».
En concreto, los denunciantes señalan al director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, cuyo cese ha pedido hoy el STAS en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
El sindicato sostiene que la Junta no puede verse representada por un director general al que el fiscal acusa de incurrir en «comportamiento antijurídico» y en un «menoscabo real al derecho a la actividad sindical».
Por ello, ha pedido al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas que lo cese o, en su defecto, que dimita él.