CCOO de Castilla-La Mancha ha valorado la «imparcial opinión jurídica» del Ministerio Fiscal, «que viene a respaldar con contundencia un derecho fundamental que nuestro Gobierno ningunea constantemente. El consejero de Administraciones Públicas y el director general de la Función Pública tienen que aplicarse el cuento y sentarse en la mesa general con otra actitud, con la de negociar realmente la Ley de Empleo Público de CLM».
En nota de prensa, Comisiones Obreras considera «muy positivo» el «posicionamiento imparcial y riguroso» de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que ha solicitado a la sala de lo contencioso-administrativo que anule las órdenes de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta por las que se suprimieron 700 plazas de interino al entender que se vulneró la libertad sindical.
El sindicato valora muy especialmente los efectos que el informe del fiscal puede tener para las personas afectadas por la decisión del director general.
Además, resalta que el escrito del Fiscal se basa en el reconocimiento del derecho fundamental a la negociación colectiva, «que el actual Gobierno de Castilla-La Mancha ningunea constantemente». Por ello, insta al consejero de Administraciones Públicas y al director general de la Función Pública a no esperar sentencia del TSJCM para comenzar a respetarlo desde ya mismo.
Además, conocido el informe con que el Ministerio Fiscal ha censurado la vulneración del derecho a la negociación colectiva en la modificación de la RPT del 22 de agosto de 2012, CCOO exige al mencionado director general -«y al consejero que le autorizó y le autoriza a actuar así»- «a acomodar su actitud, mal que le pese, a nuestra Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico».
«Si la Fiscalía cuestiona el modelo de negociación colectiva que, en éste y otros casos, ha impuesto el Gobierno regional, es el momento de reflexionar y reconducir dicho modelo, en lugar de mantenerlo y no enmendarlo».
Por otra parte, Comisiones Obreras recuerda que también recurrió aquella decisión unilateral del Gobierno regional que concluyó con el despido de cientos de interinos. Dado que UGT y STAS recurrieron por la vía de los derechos fundamentales, que también CCOO considera vulnerados, optó por añadir otra argumentación adicional, basada en la falta de motivación de la decisión de suprimir los puestos de trabajo, para así duplicar las posibilidades jurídicas de defender a los despedidos.
«Confiamos en que uno u otro recurso, o ambos, obtengan sentencia favorable en el TSJCM; al tiempo que volvemos a recordar a Cospedal que no puede gobernar pendiente, constantemente, de los tribunales, donde, además, recibe reiterados varapalos».
Finalmente CCOO espera que las conclusiones vertidas en este informe de la Fiscalía de Castilla-La Mancha sirva a la dirección general para ajustar su actuación en la negociación actualmente abierta sobre la Ley de Empleo Público de CLM, «en la cual sigue despreciando a la representación legal de los trabajadores y repeliendo cualquier negociación».
CCOO ha reclamado que sea el propio consejero el que acuda a la mesa, «dado que su actual representante sólo parece autorizado a decir que no, pero carece de criterio o de autoridad para negociar nada. Resultaría una pérdida de oportunidad y de esfuerzos que el director general volviera a incurrir en los mismos errores que la Fiscalía tiene que enmendarle».