El Plan de Control Tributario aprobado hace un año ha permitido una mejora de un 5 por 100 en la recaudación de impuestos en Castilla-La Mancha, según ha indicado el consejero de Hacienda, Arturo Romaní.
El titular de Hacienda, que ha dado en Guadalajara los datos del Balance Tributario de 2012, ha calificado el ejercicio como «muy satisfactorio», ya que en un año de crisis económica han aumentado los derechos reconocidos por tributos propios y con recaudación cedida a Castilla-La Mancha en un 5 por 100.
Asimismo, ha destacado que la recaudación líquida de los tributos gestionados por la Consejería de Hacienda tuvo en el ejercicio de 2012 un incremento del 8,65 por 100 respecto a 2011.
El aumento se ha debido al restablecimiento del impuesto de patrimonio, a la imposición de tasas sobre el juego, al aumento de las actuaciones de control y de las liquidaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, así como al incremento de ciertos tipos de gravamen, ha añadido el consejero de Hacienda.
Estos datos han tenido un reflejo en el grado de cumplimiento del presupuesto de los derechos reconocidos, ya que se presupuestaron 457 millones de euros y finalmente se han recaudado 437, lo que supone un 96,74 por 100 de cumplimiento, frente al 62,89 por 100 de 2011.
«La materia tributaria requería un impulso, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia en la gestión tributaria», ha apostillado Romaní, quien ha resaltado que gracias al impulso de la administración tributaria electrónica, la producción normativa y al plan de lucha contra el fraude, entre otras, «se ha conseguido aumentar la eficacia».
En concreto, por cada euro gastado por la Dirección General de Tributos, se han generado 24,61 euros de ingresos por tributos propios y cedidos, frente a los 23,06 euros de 2011, lo que supone un ratio de eficiencia del 6,7 por 100.
Romaní ha hecho hincapié en el esfuerzo en la gestión de las cuentas públicas que está llevando a cabo el Gobierno regional, ya que ha considerado que los ciudadanos tienden a pagar mejor sus impuestos cuando tienen constancia de que el dinero público se gestiona bien.