La organización agraria UPA y los criadores de ganado ovino respaldan la vacunación obligatoria decretada por el Gobierno para el ganado en la provincia de Cáceres y áreas de Toledo, Ávila y Salamanca contra el serotipo 1 de la lengua azul, al detectarse este virus en Extremadura.
La organización agraria UPA ha apoyado sin reservas cualquier medida orientada a mantener «el excelente estado sanitario de nuestra ganadería», aunque es consciente de que la vacunación llega en un momento de fuerte crisis.
Según han explicado a Efe las mismas fuentes, la obligación supondrá para los ganaderos dificultades añadidas a «su ya maltrecha situación», pero es necesaria.
Los ganaderos tendrán que vacunar de forma obligatoria a 370.000 bovinos y 570.000 ovinos, la mayoría en la provincia de Cáceres y algunos municipios de Toledo, Ávila y Salamanca.
Desde UPA han apuntado que los territorios que practican la trashumancia son algunos de los afectados y «en ellos debemos conciliar de manera perfecta la práctica habitual con las necesidades de vacunación», teniendo en cuenta que esta debe estar finalizada antes del 31 de julio de 2013.
En este contexto, desde UPA han solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y a las comunidades autónomas donde se van a producir las vacunaciones «que faciliten al máximo la vacunación a los ganaderos, garantizando la absoluta gratuidad de todo el proceso».
Por su parte, el gerente SAT Criadores Ganado Merino (Raza Merina), Raúl Cabello, ha afirmado a Efe que «la única manera de atajar esta enfermedad es mediante la vacunación» y que, por tanto, «todas las medidas lógicas que se adopten en contra de la enfermedad y que vayan en la dirección de erradicarla deben ser bien recibidas».
Cabello ha subrayado que cualquier modificación en la normativa en términos sanitarios como esta supone «un cambio en la rutina normal de comercialización y la forma de llevar a cabo la reglamentación obligatoria», tales como permisos, guías de traslado de animales o transporte.
En el caso concreto de animales reproductores para vida, la obligación de vacunación «puede alargar el tiempo de entrega de los ejemplares que se comercialicen» y «puede que algunas transacciones económicas se puedan demorar en tiempo», ha aclarado.