Agustín Yanel
El Congreso de los Diputados se va pareciendo cada vez más a una gran burbuja, en la que algunas señorías viven aisladas de la realidad exterior y van a lo suyo, no a lo que interesa y preocupa a la ciudadanía. Y lo suyo es rechazar todo lo que haga su adversario político tanto si es positivo como no, descalificar, insultar, buscar la frase más llamativa para aparecer en los medios de comunicación y montar bronca. La sesión de control al Gobierno del miércoles 27 de mayo ha vuelto a demostrar la enorme distancia que separa a esos diputados de la sociedad.
Un semana más, la sesión del Congreso parecía más un bullicioso programa de cotilleos, de esos que tanto abundan en Tele 5, que un debate político serio para pedir explicaciones al Gobierno por lo que hace o deja de hacer. O la discusión en un bar de seguidores de dos equipos de fútbol rivales, mientras ven un partido entre ambos. Parecía cualquier cosa menos una sesión de los representantes de la soberanía popular en el ejercicio de sus funciones.
No hay que escandalizarse porque las intervenciones de sus señorías en el Congreso, o en cualquier otro parlamento, sean muy intensas, apasionadas o irónicas. Pero sí es escandaloso, y produce vergüenza ajena, que con sus discursos demuestren que parecen ocupar su escaño más para intentar lucirse y ganar puntos en la consideración de su jefe político que para ocuparse de los problemas de la ciudadanía. De pena.
La «señora marquesa» y el «hijo de un terrorista»
El miércoles, la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, traspasó todas las líneas rojas y dijo al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que es «hijo de un terrorista», que pertenece a «la aristocracia del crimen político», que tiene una relación de «intimidad con el inframundo de ETA»… No gustó en su partido que ella adoptara ese discurso, porque acaparó toda la atención periodística cuando los planes del PP eran centrarse contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero aplaudieron su intervención como muestra de apoyo en público. En privado ya es distinto.
Pablo Iglesias se dirigió a ella en todo momento como «señora marquesa» -porque en 2012 heredó de su padre el título de marquesa de Casa Fuerte- y le acusó de mentir, insultar y defender posturas de ultraderecha.
No fue ese el único enfrentamiento bronco que hubo entre diputados del PP y Vox con varios ministros, pero sirve como ejemplo de lo alejadas que están algunas señorías de la vida diaria de la gente. Porque, mientras en el Congreso había quien hablaba de ETA -una organización terrorista que abandonó la lucha armada hace más de ocho años-, la multinacional japonesa Nissan preparaba el anuncio de cierre de sus plantas en Barcelona, lo que supondrá 3.000 despidos directos y otros 20.000 indirectos. Y la empresa de aluminio Alcoa, de Lugo, ultimaba el despido de 500 trabajadores, casi la mitad de su plantilla.
Mientras sus señorías se dedicaban a tirarse los trastos a la cabeza, como hacen cada miércoles, miles de trabajadores que se han visto afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia de la pandemia del coronavirus llevan dos meses si haber cobrado aún el 70 por 100 de su salario que les pagará el Estado.
Lo que preocupa a la ciudadanía
El cierre de Nissan y de otras empresas, los despidos, el retraso en cobrar el salario de los ERTE, la crisis del turismo y el tremendo impacto del coronavirus en todos los sectores de la economía española y mundial es lo que preocupa a la ciudadanía, además de la salud, entre otros asuntos. Y de eso deberían debatir prioritariamente en el Congreso, buscando soluciones para paliar en lo posible esa situación. Seguro que la ciudadanía les agradecería mucho que fueran capaces de ponerse de acuerdo en adoptar medidas para superar la crisis y que volvieran a la necesaria crítica constructiva y civilizada, como corresponde a una democracia.
Sus señorías deberían aprender algo de la Comisión Europea. Allí, pese a las distintas y muy diversas formaciones políticas que la integran y a las importantes diferencias entre unos países y otros, sus miembros han sido capaces de ponerse de acuerdo en que, ante la gravedad de la situación actual, Europa necesita un plan fuerte para recuperarse de los efectos de la pandemia: han acordado disponer de 750.000 millones de euros para ayudar a los países miembros a superar la crisis económica.
El día que algunos diputados españoles y, sobre todo, algunos dirigentes de partidos asuman que están en la vida política para servir al interés general, las cosas marcharán mucho mejor. Pero para eso es necesario pensar y, lamentablemente, a juzgar por algunas intervenciones de las que se ven y escuchan en el Congreso, parece que hay quien utiliza la cabeza solo para peinarse.