Una mujer y sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, han sido desahuciados de la vivienda donde residían, en el número 5 de la calle Laurel de Albacete, pese al intento de frenarlo de la Plataforma Stop Desahucios de la capital.
Cerca de medio centenar de personas convocadas por la plataforma Stop Desahucios de Albacete han acudido a la llamada para pararlo, y se han concentrado desde las ocho de la mañana frente a la puerta del edificio cuyo acceso ha sido cercado con vallas por la Policía Nacional.
Más de una docena de agentes han participado en la operación y la autoridad judicial ha llegado a las 9:30 horas de la mañana.
La mujer, Meylen, ha salido de la casa unos minutos antes de las 10.00 horas acompañada de los servicios médicos y ha sido trasladada en ambulancia al hospital Perpetuo Socorro de Albacete, ya que, según ha informado María García, miembro de la plataforma, la mujer padece ataques de ansiedad desde hace algunos meses.
Los hijos han salido media hora más tarde y, mientras los dos menores se han ido con su tía -hermana del exmarido- pese a que la madre ha dicho que prefería que se fueran con los servicios sociales, el mayor se ha marchado con miembros de la plataforma, ha informado el portavoz de la misma, Javier Martellán.
DENUNCIADA POR «OKUPA»
Desde la plataforma han informado de que Meylen tiene tres hijos y está divorciada desde 2007, con sentencia de malos tratos de por medio, y que la sentencia de divorcio le otorga el uso y disfrute de la vivienda hasta que el niño más pequeño sea mayor de edad, pero aún así la familia de su exmarido (que tiene otras dos viviendas a su nombre) la ha denunciado por «okupa».
Meylen y sus hijos, han explicado desde la plataforma, no han recibido en estos seis años ni una sola mensualidad de la manutención y, a pesar de haberlo denunciado en varias ocasiones, aún nadie ha hecho nada aparte de ponerle una orden de desahucio.
Desde Stop Desahucios y el abogado de oficio de la mujer han puesto en conocimiento del juzgado en dos ocasiones la situación y la existencia de una sentencia del juzgado de familia en la que se reconoce el derecho a continuar en la vivienda pero, a fecha de hoy, no han recibido respuesta, han indicado.
Martellán ha dicho que no entiende que se haya producido el desahucio porque la mujer tenía reconocido el uso y disfrute de la vivienda hasta que los hijos fueran mayores de edad, y el pequeño tiene cinco años.
El marido la había denunciado como «okupa» por no pagar el alquiler, aunque según la plataforma, era él quien le debía 58.000 euros de la pensión alimenticia de estos años.
En la plataforma no se explican lo sucedido y creen que ha fallado la coordinación.