En un comunicado, el organismo ha informado de que el pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de las actuaciones realizadas en el Plan de Empleo, aunque también ha destacado que han puesto de manifiesto que la recuperación del empleo es un objetivo esencial para todas las administraciones públicas.
El pleno del Tribunal de Cuentas ha fiscalizado las subvenciones para el fomento de la contratación de personas que han agostado su prestación, las ayudas concedidas en el programa «Garantía+55» y las subvenciones a entidades afectadas por el despoblamiento.
En relación a la ejecución del plan, el organismo fiscalizador ha señalado que un tercio de las entidades no publicaron de forma adecuada la información para participar en el Plan de Empleo, que la definición de los criterios de selección de los proyectos por las entidades fue insuficiente y no permitía identificar los objetivos a alcanzar, las tareas a desarrollar, ni valorar su contribución a la futura empleabilidad de los participantes.
En este sentido, ha indicado que la obtención de competencias laborales que mejorasen la empleabilidad futura de los participantes no se tuvo en cuenta como criterio de selección de proyectos, aun cuando era uno de los principales objetivos del Programa de Rescate frente al desempleo de larga duración.
De igual forma, el organismo fiscalizador ha apuntado que no se estableció un procedimiento para la selección de proyectos y se hizo una simple remisión a los criterios de selección de las bases de las convocatorias.
Solo un 6,19 por ciento de los trabajadoresdel Plan de Empleo pueden considerarse reinsertados
En relación a los ámbitos de actuación de los proyectos y su objeto, ha indicado que se priorizó desarrollar proyectos para apoyar o reforzar los servicios municipales insuficientemente dotados que debieron haberse prestado por empleados de los ayuntamientos, en otros casos se ejecutaron proyectos que tenían por objeto servir de apoyo al propio plan y en algunos de los ámbitos de actuación previstos en las convocatorias no se llegó a desarrollar ningún proyecto.
También ha considerado el Tribunal que la justificación y liquidación de los proyectos se realizó fuera de plazo, que una cuarta parte de las entidades fiscalizadas no realizaron control para verificar que los fondos se destinaron a los fines establecidos en la concesión de la subvención y que la mayor parte de las entidades solo realizaron un seguimiento genérico y no individualizado de los proyectos.
Sobre los resultados del plan, el informe recoge que sólo un 6,19 por ciento de los trabajadores contratados en el Plan de Empleo pueden considerarse reinsertados en el mercado laboral, que el 38 % de los participantes no cotizaron ningún día a la Seguridad Social y que la participación de jóvenes menores de 30 años fue minoritaria pese a ser una prioridad.
Además, ha añadido que la práctica totalidad de las entidades locales no llevaron a cabo una formación adecuada para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores.
Por otra parte, en cuanto a la financiación del plan, el Tribunal de Cuentas ha especificado que los costes soportados por las entidades locales sufrieron desviaciones muy importantes respecto a las previsiones de financiación a causa de factores que se debieron tener en cuenta en la planificación de la ejecución de los proyectos.
Recomendaciones a los ayuntamientos para futuros planes
Por todo ello, ha hecho una serie de recomendaciones a las entidades locales que pasan por que en futuros planes analicen las necesidades del mercado laboral, los perfiles de las personas desempleadas y sus necesidades de formación.
El Tribunal de Cuentas les ha instado a definir los criterios de selección de los proyectos para identificar los objetivos a alcanzar y las tareas a desarrollar por los trabajadores contratados, y a tener en cuenta en la selección de proyectos su contribución a la obtención de competencias laborales.
También les ha pedido que eviten desarrollar proyectos para reforzar los servicios municipales y que establezcan mecanismos de seguimiento y control de la ejecución de los proyectos.
También a las diputaciones provinciales les ha aconsejado que coadyuven al estudio de las necesidades y la planificación de los proyectos y presten apoyo a las entidades de menor dimensión además de coordinar las actuaciones.