«Me parece indigno e impresentable que nos dé lecciones de paro el Partido Socialista cuando han llevado a esta región a la ruina». Así comenzó la consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Marisa Soriano, su respuesta a las acusaciones lanzadas por la diputada socialista, Blanca Fernández.
La secretara segunda de la Mesa había intervenido con anterioridad para acusarla de cometer fraude de ley con el segundo ERE de Geacam, como ha dicho el TSJ en la sentencia en la que anula el acuerdo firmado por la Junta y tres sindicatos y recurrido por CC.OO.
Pese al revés judicial, Soriano tiene claro que no volvería a hacer. Y así lo expresó ante el Pleno de las Cortes: «No me arrepiento en ningún momento del ERE plateando, porque hemos defendido en todo momento el trabajo de los empleados de Geacam», dijo la consejera en un tono firme y decidido.
MÁS DE 100 MILLONES DE DEUDA Y CRÉDITOS HASTA 2029
Casi una decena de veces repitió la consejera la expresión: «¡no me arrepiento, no me arrepiento!» y destacó que había habido diálogo durante semanas para encontrar la mejor solución y la que garantizase todo el empleo.
También recordó que la deuda encontrada en Geacam cuando llegó el PP era de más de 100 millones de euros, de los que 93,5 eran en créditos a bancos y 25 se debían a empresas en facturas sin pagar. «El año pasado pagamos 16 millones en créditos, éste 17 y así hasta 2029».
«¿QUIERE QUE ECHEMOS A 700 TRABAJADORES?»
La responsable de Agricultura no quiso entrar a valorar la sentencia, pero insistió en que la situación de Geacam no permitía mantener a toda la plantilla y en vez de despedir a casi 700 trabajadores se optó por un Expediente de Regulación de Empleo por el que se salva a la plantilla durante nueve meses al año y los otros tres cobrando el paro.
Es más, afirmó que «Comisiones le ha dado la espalda a los trabajadores y la puntilla a un Geacam que ustedes habían dejado moribunda», proclamó Soriano, quien recordó que el ERE fue «acordado por más del 75 por 100 de la plantilla y tres sindicatos».
«¿Quiere que echemos a casi 700 trabajadores a la calle? Eso no hubiera tenido ningún problema, pero hemos querido que no se perdiera ningún puesto de trabajo», insistió al responsable gubernamental, para terminar diciendo que la Junta se sigue planteando el cierre y que con la sentencia del TSJ de anulación del ERE «la situación se ha complicado y se ha complicado mucho».