La reunión que han mantenido la Junta con los sindicatos para seguir negociando la futura Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, que afecta a unos 70.000 empleados de la Administración Regional, ha sido un «auténtico fiasco» y un «auténtico desastre».
Así la han definido los representantes sindicales presentes en Mesa General de la Función Pública, en la que están representados CC.OO., UGT, CSIF y FSES (integrado, este último por ANPE y Satse).
En declaraciones a Efe, el representante del CSIF, Roberto Rincón, ha calificado la cita, que se ha prolongado durante casi seis horas, de «auténtico fiasco».
En este sentido ha explicado que cuando pensaban que se habían salvado los últimos escollos y que el Gobierno regional aceptaría homologar la regulación de la Incapacidad Temporal (IT) por enfermedad de un empleado de la Junta al real decreto del Gobierno Central, menos restrictivo que la legislación autonómica, se han encontrado con que no solo no se ha avanzado en la última propuesta que les presentaron, sino que se podría quedar como está ahora.
Es decir, actualmente, un empleado de la Junta que no esté en Muface (los docentes) no percibe salario alguno durante los tres primeros días de baja por enfermedad (el real decreto establece el 50 por 100) y no recupera su sueldo al cien por cien hasta no cumplir veintiún días de baja.
REVESES JUDICIALES Y EMPLEADOS DE LA JUNTA
El director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, les ha dicho que los reveses judiciales que está teniendo la Administración Autonómica en el Tribunal Superior de Justicia los van a tener que «pagar los empleados de la Junta», según ha dicho a Efe Carmen López, de CC.OO.
Ante esto, López le ha respondido que la culpa es de los responsables políticos por actuar con «ligereza» y no negociar y que si respondieran ellos con su patrimonio por los errores cometidos, esto no pasaría.
«Ahora resulta que va a salir más caro el collar que el galgo», ha dicho Roberto Rincón tomando como argumento el del ahorro que esgrime en las reuniones el Gobierno regional para rechazar las propuestas sindicales.
Al representante del CSIF no le parece «de recibo» que los funcionarios y los empleados públicos tengan que pagar por los errores que cometen los políticos.
En definitiva, en esta nueva reunión no ha habido avances, sino «todo lo contrario», respecto a lo que es una reivindicación unánime de todos los sindicatos como es la mejora de la regulación de la Incapacidad Temporal por enfermedad.
El director general de la Función Pública les ha dejado abierta la posibilidad de que el texto de la futura ley mejore en las Cortes para luego volver a tratarlo con los sindicatos, lo que a éstos no les parece normal.