El PSOE considera que el Gobierno de Castilla-La Mancha debe dar explicaciones y «pedir disculpas» por las «ofensas» que han vertido sobre el supuesto «fraude» y la «picaresca» en la gestión de la Ley de Dependencia por parte del anterior ejecutivo socialista y una vez conocido el informe del Tribunal de Cuentas al respecto.
En rueda de prensa, la diputada nacional socialista por Toledo Guadalupe Martín se ha referido a las declaraciones que han venido haciendo en este sentido representantes de la Junta, incluidos el consejero de Sanidad y la presidenta Cospedal respecto a la supuesta picaresca que había por el cobro de ayudas de dependientes ya fallecidos.
Sin embargo, la diputada del PSOE ha dicho que el informe emitido hace dos semanas por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión que han hecho las comunidades autónomas en el periodo 2007-20110 de la Ley de la Dependencia es «muy positivo para Castilla-La Mancha» y «avala» la gestión del anterior gobierno socialista.
Así, ha indicado que de los 46,8 millones que el Tribunal de Cuentas concluye que se han pagado en exceso a las comunidades autónomas con cargo a la Ley de Dependencia, tan solo 255.000 euros fueron a Castilla-La Mancha y no porque personas fallecidas estuvieran cobrando la ayudas, sino, -ha indicado- por otros conceptos como expedientes duplicados o reconocimiento indebido de prestaciones.
Ha recalcado que el Tribunal de Cuentas indica que Castilla-La Mancha ha sido una de las tres regiones que cumplieron en ese período con el plazos de reconocimiento de una situación de dependencia o el volcado de los datos informáticos al Ministerio.
Por el contrario, en la actualidad, ha dicho Martín, en nuestra comunidad hay más de 12.000 personas con el grado de dependencia reconocido que están esperando una prestación o ayuda y otras 4.000 que están esperando ser valoradas.
Por todo ello, el PSOE entiende que el Gobierno regional está haciendo una «voladora controlada» de la Ley de la Dependencia, ya que según el Observatorio de la Dependencia, Castilla-La Mancha y Aragón han retrocedido en la aplicación de esta ley, ha indicado Guadalupe Martín.