La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha realizará test de coronavirus a los más de 30.000 docentes de la enseñanza pública y concertada de la región y a todo el personal no docente, como administrativos o personal de servicios, antes de que se inicie el periodo lectivo en cada una de las enseñanzas.
La consejera de Educación de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, ha anunciado esta medida en una rueda de prensa previa al pleno de las Cortes que este jueves acogerá, entre otros asuntos, dos debates generales sobre educación, uno sobre la situación de la enseñanza concertada y otro sobre el inicio del curso escolar en la situación de COVID-19.
Rodríguez ha confiado que, sobre todo el debate sobre el inicio del curso escolar, sirva «para serenar los ánimos de los grupos políticos» con el objetivo de que «dejen de transmitir a la ciudadanía mensajes de temor e intraquilidad que distorsionan mucho la normalización de los procesos educativos».
Un eje pedagógico y otro sanitario
La consejera de Educación ha subrayado que el inicio del curso escolar se está abordando con los equipos directivos, los equipos docentes y las familias y ha detallado que el inicio del curso pivotará sobre dos ejes, uno pedagógico y otro sanitario.
En el ámbito pedagógico, ha señalado que se hará hincapié en el refuerzo educativo para que los alumnos puedan «superar el vacío de presencialidad» vivido en la última parte del curso 2019-2020, ser harán ajustes programáticos y la Consejería de Educación presentará un «ambicioso plan de digitalización».
Test de diagnóstico a los más de 30.000 docentes de CLM
En el ámbito de la salud, ha anunciado que se harán test de diagnóstico a los más de 30.000 docentes de Castilla-La Mancha y al resto de personal no docente, antes del inicio del periodo lectivo de cada una de las enseñanzas.
«Es una cuestión significativa, porque habla de cómo el Ejecutivo regional se preocupa por la protección del profesorado y del conjunto de las personas que participan en el hecho educativo», ha subrayado Rodríguez, que ha indicado que los test se harán a docentes de la enseñanza pública y de la concertada, desde las escuelas infantiles a todas la enseñanzas.
En cuanto a los profesores universitarios, ha recordado que el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, ya anunció que la UCLM hará test a todos sus docentes, al tiempo que ha señalado que la UCLM tiene su propio servicio de prevención de riesgos laborales.
Se aumentarán las plantillas de docentes
Por otro lado, ha señalado que la Consejería de Educación tiene previsto aumentar las plantillas de docentes de cara al próximo curso escolar, si bien ha indicado que aún se desconoce en cuántos, ya que es una cuestión que aún se está valorando porque se están recogiendo los datos de los centros.
En este sentido, ha incidido en que «hay dos fórmulas de actuación», una que sería que la Consejería determine el número de profesores sin contar con los centros educativos y otra, que es el método de trabajo que están aplicando, que es «la colaboración y el diálogo continuo con los centros educativos».
Así, ha señalado que los centros educativos tienen hasta la próxima semana para comunicar la información que se les ha solicitado, por lo que «a partir de la próxima semana se sabrá de manera más o menos aproximada» las necesidades de personal docente.
Obras en los centros escolares por el coronavirus
En cuanto a las obras de adecentamiento de centros debido a la COVID-19, la consejera ha recordado que se invertirán 5,3 millones en obras como adecuación de aseos, que tendrán carácter prioritario, mejora de ventilación, eliminación de algún tabique que posibilite espacios más amplios en los centros o habilitación de espacios exteriores que serán usados de forma «más intensa».
Sobre el debate relacionado con la situación de la educación concertada, ha subrayado que el Gobierno regional la ha defendido «siempre» y la entiende como «un complemento» a la educación pública que, las dos juntas, «conforman la estructura y red necesaria para establecer y basar el derecho a la educación».
En este sentido, ha indicado que los ajustes espaciales de los centros corresponden a los titulares de los centros, que es privada, mientras que los gastos de funcionamiento y de personal es lo que recae sobre la administración pública.