Es el decálogo del PSOE de Castilla-La Mancha, el que ha explicado en rueda de prensa su secretario general, Emiliano García-Page, y que prevé la creación de 42.500 nuevos puestos de trabajo, 30.000 de ellos a cubrir en los próximos seis meses (lean el punto uno); y el resto durante lo que queda de legislatura.
Puestos de trabajo que se financiarían, primero, con los 190 millones del margen diferencial que se van a conseguir con la ampliación del objetivo de déficit para 2013; y otros 50 millones que plantea el Gobierno del PP.
Es el decálogo del PSOE de Castilla-La Mancha. El decálogo que ha resumido el secretario general de los socialistas de la región, Emiliano García-Page, quien en rueda de prensa ha ofrecido unas líneas de actuación, que serían las siguientes:
Uno, un plan de choque contra el desempleo que suponga la contratación 30.000 personas en los próximos seis meses, de forma especial para familias con todos sus miembros en paro. Un plan de choque en el que tienen que participar los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, asumiento el coste de la Seguridad Social y los materiales.
Dos, una iniciativa por la cualificación básica de los jóvenes desempleados. O, lo que es lo mismo, reforzar la educación para adultos y una oferta extraordinaria de formación. Porque «más de 30.000 jóvenes menores de 25 años no tienen la certificación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y si ahora no hacemos nada al final de la legislatura este número se puede haber duplicado». Page ha insistido en que se puede conseguir con el refuerzo de la educación de adultos, la convocatoria de pruebas extraordinarias para el acceso a la certificación de la ESO y una oferta extraordinaria de formacion para la adquisición de competencias clave.
Tres, un plan de formación y empleo para los jóvenes, con derechos sociales y que refuerce el vínculo entre educación y empleo. Que alcance a 10.000 jóvenes cada año para contrarrestar la pérdida de empleo para jóvenes; crear empleos de calidad para ellos y generar rentas porque los jóvenes lograrían, en el peor de los casos, seis meses de protección por desempleo. Una convocatoria de ayuda en torno al 50 por 100 del salario mínimo interprofesional durante el primer año de contrato. Lo que supondría 1.500 euros los proximos tres años para los hombres y 1.800 para las mujeres. Y bonificación en la contratación para las empresas: el 100 por 100 para las empresas con menos de 250 trabajadores y el 75 por 100 para las que sean mayores.
Cuatro, un plan de choque para la reducción de las listas de espera tanto quirúrgicas como de pruebas diagnósticas y de consulta de especialidades. Para llevar a cabo esta medida se contratarían 1.000 profesionales sanitarios durante los próximos seis meses.
Cinco, la generación de empleo desde la calidad de la educación con el coste más asequible y económico. Lo que supondría la contratación de 1.000 profesores de apoyo para garantizar éxito escolar de los niños y las niñas con necesidades educativas especiales durante toda su etapa de enseñanza obligatoria. Y la apertura de las 61 escuelas rurales que se cerraron al principio del curso escolar, lo que supondría un desembolso de un millón de euros, para lo que sería necesaria la contratación de al menos 61 profesores de Infantil y de Primaria.
Seis, la generación de empleo desde los servicios sociales: contratación de 500 personas para un plan de choque de emergencia social con el fin de frenar la brecha que se abrió con la crisis económica.
Siete, un compromiso con el mantenimiento del empleo público, iniciativa que van a llevar a las Cortes de Castilla-La Mancha. Porque, ha recalcado Page, el desmantelamiento del sector público ha sido brutal y quieren un compromiso por el empleo público, ya que se han visto afectados más de 24.000 puestos de trabajo, «por lo que existe la obligación de cubrir todas las bajas y suplencia». O, ha afirmado, «es hoy más necesario que nunca que este Gobierno adquiera un compromiso con los empleados públicos de esta comunidad no sólo para salvaguardar los puestos de trabajo sino para garantizar los servicios públicos a los ciudadanos.
Ocho, la creación de un fondo de garantía de liquidez para emprendedores, lo que supondría un gasto del 0,5 por 100 del presupuesto de la comunidad, con la concesión de microcréditos sin interés y reembosables en tres años para que ayuden a superar las dificultades transitorias de liquidez.
Nueve, un acuerdo con las entidades financieras para que haya préstamos bonificados y avalados, «puesto que el principal problema al que se enfrentan en estos momentos las empresas es la dificultad de acceso al crédito, para lo cual es necesario la suscripción de acuerdos con las entidades de créditos para la concesión de préstamos a las empresas, los cuales deberían estar bonificados y avalados por el Gobierno regional«. El objetivo sería llegar a movilizar un volumen de préstamos de 1.000 millones de euros.
Y diez, un programa de lucha contra la pobreza, porque existe un censo de familias con un riesgo de altísima exclusión social, en colaboración con los ayuntamientos.
En definitiva, como ha definido Page, «es implantar medidas de empleo financiadas directamente desde el sector público para reducir el paro de larga duración e incorporar a los parados, en especial a los jóvenes, al sistema productivo».
O, también ha afirmado, «poner en marcha políticas activas de empleo, olvidadas por este Gobierno, para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de paro y sus posibilidades de encontrar empleo».
LA CONTRATACIÓN QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE FORMA
En resumen, las contrataciones quedarían de la siguiente forma:
30.000 personas por el plan de choque a favor del empleo; 10.000 jóvenes dentro del programa de plan de empleo juvenil; 1.000 profesores; 1.000 profesionales de la Sanidad dentro del plan de choque contra la reducción de las listas de espera; y 500 personas para los programas asistenciales.