El PSOE de Castilla-La Mancha ha abogado por que la reforma del Estatuto de Autonomía que pretende impulsar el PP para reducir el número de diputados a la mitad obtenga el consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias y extraparlamentarias y, con ello, de IU y UPyD. Así se ha pronunciado el secretario de Organización del PSOE regional, Jesús Fernández Vaquero, en una rueda de prensa en la que también ha defendido la reforma electoral del ex presidente José María Barreda con el único fin, ha asegurado, de «cambiar una situación de agravio entre provincias», pero no de aferrarse al poder.
Vaquero, que ha dicho que aún no conoce la propuesta del PP, ha considerado «razonable que como la norma fundamental» de la comunidad es el Estatuto, su reforma deba salir adelante de manera consensuada.
Además, ha apuntado que una reforma estatutaria no sólo debe tener como objeto cambiar la ley electoral como «un intento de agarrarse a esto de manera descarada y poco democrática» sino que caben otros aspectos.
A su juicio, el PP «intenta conseguir por otros medios lo que ellos prevén que en las urnas les va ir muy mal», sin embargo, ha destacado la necesidad de que se logre el consenso en la región antes de que el texto llegue al Congreso de los Diputados.
También se ha referido a la reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha aprobada en noviembre de 2007 con los únicos votos del PSOE y ha defendido que, aunque «se puede estar en desacuerdo o no con ella», «no se cambió antes de unas elecciones, sino después».
Además, ha señalado que la reforma se hizo «en base a que había una provincia (Guadalajara) con más habitantes y menos diputados que otra (Cuenca)» y su fin era acabar con ese «agravio entre provincias».
Vaquero ha recordado que se le ofreció al PP pactar el cambio antes de las elecciones y, tras su negativa y después de los comicios electorales, el entonces presidente de la comunidad, José María Barreda, decidió «no consentir» esa situación y «cambio la ley», sin el apoyo del PP.
En ese caso no fue necesaria una reforma estatutaria porque el aumento en dos diputados (de 47 a 49) estaba dentro del margen que establece el Estatuto de Autonomía, un mínimo de 47 parlamentarios y un máximo de 59.
VAQUERO DEFIENDE EL IMPUESTO A LAS ELÉCTRICAS
Por otro lado, Fernández Vaquero ha asegurado que su partido volvería «a poner» el impuesto a las eléctricas, aunque promovería un cambio en las leyes para evitar que volviese a ser rechazado por la justicia.
Fernández Vaquero ha hecho estas consideraciones en rueda de prensa a preguntas de los periodistas sobre las dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que declaran ilegal el Impuesto sobre Determinadas Actividades que inciden en el Medio Ambiente (Idaima) creado por el anterior Gobierno del PSOE y que obligan a la Junta a devolver ahora a las eléctricas 146 millones de euros.
El impuesto, aprobado en el año 2000 durante el Ejecutivo de José Bono, gravaba la contaminación, el almacenamiento y la producción termonuclear de energía eléctrica.
«A mí me parece razonable que si se pone un ATC o una central nuclear aquí, ya que estamos pagando las consecuencias de esa decisión, al menos nos beneficiemos en algo», ha opinado Vaquero, quien ha añadido que «esas grandes empresas manejan millones y millones y millones de euros al año».
Por estos motivos, ha continuado, es razonable que «coticen y paguen impuestos en la comunidad en la que están instaladas».
El dirigente socialista ha dejado claro que su postura no es la de criticar al TC, pero ha dicho que tampoco tiene «ningún complejo por las sentencias» emitidas por este órgano.
«Yo lo volvería a realizar otra vez», ha aseverado Vaquero, quien ha señalado, que no obstante, cambiaría las leyes para evitar este tipo de sentencias.
A juicio del dirigente socialista este impuesto a las eléctricas, como los impuestos a los bancos o a las grandes fortunas, serían una vía de ingresos para las arcas de la comunidad autónoma en un momento en el que, según ha opinado, «los ingresos no cuadran» y no se puede pedir más a las clases medias.
Para Vaquero, el anuncio del presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, sobre la reducción de impuestos es «populismo puro y duro en una región muy complicada» y, en el caso de Castilla-La Mancha, ha insistido en que «no se pueden pedir más impuestos» y ha instado a «investigar el dinero negro y la economía sumergida» así como a crear este tipo de impuestos.
En este contexto, ha propuesto alcanzar un pacto para lograr una fiscalidad que se plantee de manera común en toda Europa y también por la intervención del Banco Central Europeo (BCE) para inyectar liquidez.
Todo ello, ha dicho, siguiendo con la «austeridad», pero bajo la fórmula de «podar, pero no talar», ha añadido Vaquero, quien ha criticado que en Castilla-La Mancha, donde «no hay empresa ahora mismo», se quieran «cargar» la pública.