Agustín Yanel
Son tantas las personas diagnosticadas de coronavirus cada día en España desde hace varias semanas, y tantos los casos en que no se respetan las normas de prevención para evitar contagios -aunque la mayoría sí las cumple-, que nueve sociedades científico-médicas han dado la voz de alarma. Piden que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas adopten medidas «coordinadas, rápidas y eficaces» para evitar un posible colapso de los servicios sanitarios. Esa penosa situación ya se vivió en marzo, y ahora hay que poner todos los medios para que no se repita.
Quienes firman esta petición no son unos tertulianos que se permiten opinar como si fueran especialistas en virología; tampoco son esas personas que lanzan por las redes sociales mensajes sin ningún fundamento científico, en los que se atreven a proponer lo que hay que hacer frente a la pandemia porque se lo ha dicho una vecina a quien se lo comentó su cuñado que trabaja en un hospital y lo ha escuchado a un médico que hablaba con otro en el pasillo. No.
Los firmantes de este llamamiento público son miembros de las sociedades científico-médicas españolas de neumología y cirugía torácica, enfermedades infecciosas y microbiología, medicina interna, urgencias y emergencias, anestesistas, reanimación y terapia del dolor, atención primaria, medicina preventiva y salud pública y medicina general, familiar y comunitaria. Ellos sí pueden hablar de este tema, porque son expertos y saben lo que dicen. Otros muchos deberían guardar un prudente silencio.
Casi 3.000 nuevos contagios al día
Desde que finalizó el estado de alarma, el 20 de junio, en España se han registrado 1.181 focos nuevos de coronavirus, con más de 13.200 personas infectadas. En los últimos días ha continuado el aumento del número de contagios, hasta llegar a casi 3.000 algún día.
Ante un incremento de contagios tan elevado, nueve sociedades científico-médicas se han pronunciado públicamente para intentar que no se repitan los errores cometidos en la primera oleada de la pandemia. Por eso han pedido suficientes equipos de protección para el personal sanitario, ventiladores, respiradores y contratación de más personal. Y han hecho un llamamiento «a la población en general, y especialmente a los jóvenes», para que sigan a rajatabla las medidas de prevención que dictan las autoridades sanitarias: uso de mascarillas, distancia de seguridad, lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y cumplir las cuarentenas cuando sea necesario.
El Gobierno de Pedro Sánchez y los de todas las autonomías, sea cual sea su partido político, deberían hacer caso a estos y otros especialistas y poner en marcha las medidas que sean necesarias, de manera coordinada, para frenar los efectos de la pandemia en lo posible y no repetir errores. Y deben tener en cuenta también que, si algo ha quedado muy claro desde que el coronavirus llegó a este país, allá por marzo, es la importancia que tiene la Sanidad pública y la necesidad de que sea reforzada, en vez de aplicar recortes como han hecho distintos gobiernos autonómicos.
Fortalecer la Sanidad pública
La necesidad de fortalecer y mejorar la Sanidad pública española -considerada una de las mejores del mundo, pero que con el coronavirus ha dejado ver sus carencias, sobre todo en la atención primaria- la han visto y defendido todos los sectores implicados, desde el personal sanitario hasta los pacientes pasando por organizaciones médicas y ciudadanas. Todos lo han visto así, excepto el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, quien parece que quiere seguir el ejemplo privatizador de Esperanza Aguirre, su madrina política.
Aguirre estuvo empeñada en privatizar la Sanidad madrileña durante sus 14 años de presidenta, con el falso argumento de que una colaboración entre lo público y la empresa privada traería unos servicios sanitarios mejores y más baratos, el mismo que utiliza ahora el Gobierno madrileño, Afortunadamente, las protestas ciudadanas en la calle -la llamada marea blanca– y, finalmente, la Justicia, paralizaron sus planes, pero ya había privatizado la gestión de los servicios no sanitarios en una docena de hospitales.
Díaz Ayuso ha vuelto a provocar la polémica -y ya son muchas en el año de mandato que acaba de cumplir- con los rastreadores, unos profesionales sanitarios que se encargan de seguir a los contactos de las personas infectadas para aislarlas y evitar que transmitan el virus a otras. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid le envió una relación de 1.798 profesionales sanitarios que podían ser contratados para prestar ese servicio, porque están preparados y muchos ya fueron contratados durante el estado de alarma y después fueron despedidos.
La presidenta madrileña ni siquiera se molestó en responder a esa propuesta y pidió a la Universidad Complutense de Madrid que le enviara gratis a licenciados en carreras sanitarias para ese trabajo. Después solicitó al Ayuntamiento de Madrid voluntarios de los centros de salud para esa tarea, aunque antes había rechazado su ofrecimiento. Finalmente, adjudicó directamente sin concurso público un contrato de 194.000 euros a la empresa privada Quirón Prevención para que 20 auxiliares sanitarios y dos médicos realicen esa tarea durante tres meses. Todo ello rodeado de contradicciones, explicaciones infantiles y argumentos desmentidos por los especialistas.
Lo que la ciudadanía necesita es que todos los responsables de los gobiernos autonómicos es que se coordinen con el Gobierno central para paliar los tremendos efectos de la pandemia, que no utilicen el coronavirus como arma política, que inviertan más en la Sanidad pública en vez de recortar y que hagan caso a los especialistas. Gobernar a golpe de ocurrencia no es nada eficaz ni resuelve los problemas, auque algunas ocurrencias puedan dar unos cuantos votos.