El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado, a través de la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, que han puesto en marcha un decreto para «proteger a los inquilinos y deshacer el stock de viviendas que tiene la Junta, en concreto de la empresa Gicaman, estableciendo una estrategia para que los ciudadanos puedan acceder a ellas».
Una medida que permanecerá en vigor durante los dos próximos años y que va dirigida a aquellas personas que tienen, en la actualidad, dificultades de pago, «con el fin de que tengan la posibilidad de que paguen la renta de forma aplazada a partir del año siguiente a la presentación de la solicitud para acceder a esa vivienda».
De la Calzada ha insistido en que el objetivo del Gobierno de Cospedal «es proteger a los inquilinos que tienen dificultad para pagar el alquiler», lo que podría beneficiar «a 1.500 familias de Castilla-La Mancha».
Familias que han de cumplir una serie de requisitos, como estar empadronados en la región o no ser titulares de bienes inmuebles. E incluso se cederán viviendas a entidades sin ánimo de lucro para que éstas las destinen a aquellas familias que viven situaciones de marginación o exclusión social, gracias a una modificación legal que lo va a hacer posible.
Y UNA ESTRATEGIA PARA DAR SALIDA A LAS VIVIENDAS VACÍAS DE GICAMAN
La consejera de Fomento también ha explicado que se ha establecido una estrategia para dar salida a las viviendas vacías que en estos momentos tiene Gicaman, «puesto que si están vacías no se cumple la función social para la que se crearon». En total, en estos momentos hay 800 viviendas en esa situación.
La mitad de estas viviendas, 400, se destinarán para el alquiler con opción de compra. Y el resto, para venta, verán sus precios rebajados en una media del 27 por 100, «dependiendo de las promociones, de la localidad donde se encuentren, de la antigüedad de la vivienda y de la población».