Agustín Yanel
Mientras algunos líderes políticos -no todos, afortunadamente- se dedican a buscar la frase más llamativa para ocupar titulares en los medios de comunicación, miles de personas se ven obligadas a dormir en la calle o en albergues municipales, y tienen que acudir a comedores sociales u organizaciones humanitarias para poder comer. Mientras los primeros ven la actividad política como una profesión de la que quieren beneficiarse, y no como un servicio público para mejorar la vida de la ciudadanía, los otros malviven y se desesperan cada día cuando tienen que pedir comida para alimentar a sus hijos.
Esto no es demagogia, es una realidad cada vez más visible en muchas ciudades, sobre todo en las grandes urbes. Lo que sí es demagogia son las declaraciones grandilocuentes de algunos líderes políticos en interminables ruedas de prensa, las frases huecas sin ningún contenido a las que son tan aficionados y, en el caso de otros, las provocaciones directas al adversario político con exabruptos impropios de personas civilizadas.
Eduard Sala, el responsable de Acción Social de Cáritas en Barcelona, ha contado al diario La Vanguardia que este año tenían un presupuesto de 225.000 euros mensuales para ayudar a gente que lo necesita, sobre todo para pagarles una habitación donde vivir y comida, pero por los efectos que ha provocado en la economía la pandemia del coronavirus se han visto totalmente desbordados: en abril se gastaron 415.000 euros, en mayo 609.000, en junio 600.000, en julio 725.000 y en agosto 500.000 euros. Y como el dinero no cae del cielo sino de las ayudas de la ciudadanía, tendrán que reducir mucho esos gastos y, como consecuencia, podrán atender a mucha menos gente.
Antes eran donantes de ONG, hoy piden ayudas para comer
«Tenemos casos de personas que eran donantes de Cáritas y ahora nos piden apoyo», ha dicho. Esto también podría decirlo cualquier persona de Cáritas o de otra organización humanitaria de cualquier ciudad. La pandemia, además de causar unos graves efectos sanitarios, ha provocado una crisis económica y social sin precedentes en el último siglo, con miles de empresas y comercios cerrados y decenas de miles de despidos.
La pobreza y la desigualdad social han aumentado en España. Esto no lo discute nadie, y así lo han denunciado Naciones Unidas y distintas organizaciones no gubernamentales en España y en otros países. En algunas grandes ciudades españolas se ha incrementado en un 50 por 100 el número de personas que piden ayudas a los ayuntamientos, las ong o los bancos de alimentos.
Cuando se pregunta a los políticos por esta cruda realidad, todos dicen que hay que adoptar medidas para erradicar esa pobreza, que hay que atender a la gente más necesitada de la sociedad, que hay que crear empleo… Algunos incluso dicen algo tan necesario como que hay que redistribuir de manera más justa la riqueza, para que las desigualdades sociales no sean tan escandalosamente vergonzosas como hoy día. Pero, a la hora de la verdad, casi todo lo que dicen se queda solo en palabras.
Cuando dicen defender la Constitución y no la cumplen
La Constitución española proclama que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que la dignidad de la persona y sus derechos inviolables son «el fundamento del orden político y de la paz social» en España. Entre esos derechos están la vivienda, la educación, la salud y otros. A algunos políticos se les llena la boca contínuamente pronunciando la palabra Constitución y hablan del «bloque de los partidos constitucionalistas» frente a los partidos que ellos consideran que no son constitucionalistas; pero no se ocupan como debieran de la emergencia social que representan esas decenas de miles de personas -ciudadanos con los mismos derechos constitucionales que ellos- que no tienen medios para sobrevivir. Por tanto, ellos no cumplen la Constitución que tanto dicen defender.
Mientras tantas personas tienen que pedir ayudas para comer y dormir, Pablo Casado se dedica a bloquear la negociación de los Presupuestos Generales del Estado porque no le gusta que Unidas Podemos forme parte del Gobierno; el extravagante presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, continúa sin convocar las elecciones que prometió hace meses y cambia a varios miembros de su Gobierno cuando sabe que el Tribunal Supremo probablemente confirmará este mismo mes su inhabilitación para seguir ocupando ese cargo a la que fue condenado; la cada vez más sorprendente presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve con sus ocurrencias, dice que «es probable que prácticamente todos los niños» terminen contagiándose del coronavirus y después tiene que rectificar en las redes sociales; Pablo Iglesias sigue anunciando medidas que adoptará el Gobierno antes de que sean aprobadas, en su afán de competir con los ministros del PSOE y apuntarse tantos, como si el Gobierno no fuera solo uno… Y así se podría seguir con más ejemplos.
Cuentan las crónicas que el primer conde de Romanones, Álvaro de Figueroa y Torres, cuando era ministro del rey Alfonso XIII fue propuesto para formar parte de la Real Academia. Visitó uno a uno a los miembros de esa institución y todos dijeron que le votarían, pero el día de la votación no fue elegido. Cuando su secretario le comunicó la mala noticia, el conde preguntó que cuántos votos había obtenido y, al decirle que ninguno, afirmó: «¡Joder, qué tropa!».
Mariano Rajoy repitió esa frase en 2006, cuando era máximo el enfrentamiento entre Esperanza Aguirre (entonces presidenta de la Comunidad de Madrid) y Alberto Ruiz-Gallardón (entonces alcalde) por ganar más poder en el PP. Hoy, lamentablemente, esa misma frase se puede aplicar a unos cuantos políticos: «¡Joder, qué tropa!».