1.127 muertos son muchos muertos. Y 2.438 heridos son muchos heridos. Son demasiadas personas muertas y demasiadas heridas como para que el último incendio en Bangladés, que provocó esa tragedia, quede reducido a unas cuantas noticias difundidas durante unos cuantos días por los medios de comunicación y tres semanas después esté totalmente olvidado.
El 24 de abril pasado, en la localidad de Savar (Bangladesh, en el sur de Asia), un incendio derrumbó un edificio de nueve plantas en el que trabajaban miles de personas, en cinco talleres textiles, confeccionando prendas de vestir para importantes marcas internacionales. Esta semana han terminado las tareas de rescate de los cadáveres y el balance final ha sido de 1.127 muertos y 2.438 heridos, seis veces más fallecidos que en los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que despertaron una ola de solidaridad ejemplar, donde hubo 191 víctimas mortales.
SUELDOS DE 30 EUROS AL MES
Las grandes firmas internacionales, entre ellas varias españolas, confeccionan allí sus prendas porque les cuesta muchísimo menos dinero: los salarios son los más bajos del planeta, unos 30 euros al mes; los trabajadores, la mayoría mujeres, se hacinan en miles de talleres sin medidas de seguridad ni higiene, no están asegurados y ni pueden afiliarse a sindicatos sin permiso del patrón, y no protestan porque, a la menor queja, son despedidos; soportan horarios interminables; las empresas tienen importantes exenciones fiscales y pueden llevar allí lo que necesiten sin pagar aranceles en la frontera…
Con esas condiciones laborales y salariales, Bangladés se ha convertido en el segundo país del mundo que más ropa exporta después de China -el 80 por 100 de sus exportaciones son productos textiles- y cuatro millones de personas trabajan en ese sector. Pero la falta de seguridad es tan grave que los incendios o el derrumbamiento de edificios donde hay talleres de confección han provocado unos 2.000 muertos en los últimos seis años.
Ahora, tras producirse esta enésima tragedia, cinco grandes grupos textiles mundiales -entre ellos, los españoles Inditex y El Corte Inglés- se han comprometido a firmar un Acuerdo sobre Seguridad y Contra Incendios. Y el Gobierno de Bangladés ha anunciado que subirá los salarios mínimos y que los trabajadores pondrán afiliarse a los sindicatos sin necesidad de que deba autorizarlo el empresario.
MEDIDAS TARDÍAS
Son medidas que llegan tarde, pero bienvenidas sean si sirven para mejorar las condiciones de esos millones de trabajadores y para evitar tragedias como la de abril. Pero tal vez ha llegado la hora de que los consumidores de los países desarrollados hagamos algo más que lamentarnos con el habitual «¡pobre gente!» que decimos cuando vemos estas noticias por televisión. Para empezar, podemos mirar la etiqueta de la prenda que vamos a comprar y, si en ella pone «made in Bangladés» o «fabricado en Bangladés», no adquirirla.
Alguien dirá que así quitaremos trabajo a los empleados bengalíes y habrá más paro en aquel país tan pobre. O no. Quizá las grandes firmas internacionales, al ver que se reducen sensiblemente los beneficios que les da esa especial gallina de los huevos de oro, se tomen en serio exigir a los talleres de ese lejano país que adopten las medidas de seguridad adecuadas y paguen salarios más dignos que las miserias actuales si quieren contratar con ellas.
Vamos, que no se quede todo en firmar un acuerdo que, previsiblemente, nadie va a vigilar para que se cumpla y nos olvidemos del asunto hasta el próximo incendio. Convendría, también, que cuando escuchemos la palabra «deslocalización», cada vez más habitual, la traduzcamos por «explotación». Las grandes empresas internacionales llevan años contratando la fabricación de sus productos con factorías chinas, asiáticas y africanas porque en esos países les sale mucho más barato.
El problema es que algunas de ellas, no todas, ni se preocupan ni les importa que los trabajadores sean niños o estén en las condiciones inhumanas que se han visto en Bangladés, que contaminen el medio ambiente porque las leyes del país lo permiten o que esquilmen los recursos naturales de la zona.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
En la década de los años 80, el sector textil de Castilla-La Mancha sufrió gravemente las consecuencias de la deslocalización: varias fábricas y muchos talleres -incluso clandestinos, que abundaban- tuvieron que cerrar porque importantes firmas nacionales decidieron confeccionar sus prendas en otros países donde les resultaba mucho más barato hacerlo.
Ahora, ese sector padece también la crisis económica generalizada y, en los ocho últimos años, ha perdido el 70 por 100 de las empresas y comercios del sector. El Gobierno regional debería hacer algo… serio.