Todos los presidentes democráticos de España han utilizado el talonario para resolver, o por lo menos aplazar, el problema catalán. Ahora Mariano Rajoy estudia hacer lo mismo, con grave riesgo de ruptura interna en su partido como han expresado los más relevantes barones regionales del PP.
Ahora el cheque no lleva dinero, porque no lo hay, pero se ha encontrado un sucedáneo que es la reducción del objetivo de déficit para algunos. Y en esas están, parece que disimulando para acabar implantando un déficit a la carta en las comunidades autónomas españolas que aún no reconocen explícitamente porque no han encontrado la manera de explicarlo. O el eufemismo con el que lo van a definir para que parezca otra cosa, como si los ciudadanos fueran tontos.
Entiendo que haya razones que avalen utilizar esa vía para aparcar un problema que el Gobierno español -y todo el Estado con él- tiene delante de sus narices, pero hay más argumentos para no seguir ese camino que para tomarlo.
El primero y fundamental es que es una injusticia con todas las comunidades autónomas que, como Castilla-La Mancha, han debido someter a sus ciudadanos a enormes sacrificios. Nadie se acordó de nosotros cuando gritamos que reducir más de seis puntos de déficit en un año en una de las regiones más pobres de España, con más paro y más dependiente del presupuesto público acarrearía consecuencias económicas graves. Y conste que defiendo una economía no subvencionada, pero teníamos lo que teníamos y cambiarlo con menos sangre hubiera requerido más tiempo.
Sí, a nosotros también nos hubiera venido bien que nos dieran más tiempo para reducir el déficit, que nos hubieran dejado elegir un calendario más sereno, pero Castilla-La Mancha no era suficiente problema para el Gobierno ni para el Estado. Así que ya conocen el final de esta historia.
Y Cataluña sí lo es. Y a su carro se suben otras dos incumplidoras: Valencia y Murcia, que seguramente no tendrían la misma oportunidad si no se hubieran encontrado con una aliada de tal tamaño.
No soy partidaria del austericidio, que es lo que se está aplicando al Sur de Europa, pero la medicina amarga no puede ser más dulce para unos que para otros. Y menos si son siempre los mismos los que quieren tomar su propia dosis.
Ahora casi todos los actores del escenario europeo y el FMI se dan cuenta de que la austeridad por si sola y tal y como se ha aplicado tenía efectos perversos que no calcularon y tratan de aconsejar otras soluciones. El Gobierno español se apunta a ese discurso puertas afuera pero mantiene el anterior dentro para tener a raya a las comunidades autónomas.
Los presidentes autonómicos lo han acatado, pero es demasiado pedirles que los que suspendieron el examen sean los que se llevan la beca. Ellos, que tocan suelo mucho más a menudo que los ministros, ven los efectos de los recortes en servicios públicos directamente en la cara de los ciudadanos que encuentran recorriendo pueblos y ciudades.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tiene un difícil papel en este asunto en su doble condición de dirigente autonómica y secretaria general del PP. Supongo que por eso su lenguaje contundente con los escraches no lo es tanto con el déficit a la carta que, desde luego, no comparte en el fondo.
Y, obviamente, los ciudadanos de Castilla-La Mancha esperamos que se imponga la presidenta.