«Tan necesario como imposible veo, a día de hoy, un Pacto de Estado contra la crisis y el paro entre los sindicatos CCOO y UGT, la Patronal y el Gobierno, y más tras conocer el resultado de la reunión celebrada a instancias del Señor Rajoy en el Palacio de la Moncloa. No hace falta ser muy perspicaz para llegar a esta conclusión.
El dialogo social ha de estar precedido de una serie de condicionantes previos que aquí y ahora no se producen. Debe haber un reconocimiento contractual de las partes, debe estar presidido por el principio de buena fe, debe haber voluntad real de negociación y deben estar perfectamente definidos los objetivos a pactar y el para qué. Creo sinceramente que ninguna de estas cuatro condiciones previas se dan, entre otras razones porque el Gobierno, y en parte la Patronal, persisten en profundizar en esta política económica errática. Solo hay que ver los resultados
Casi nadie estaría frente a un gran Pacto contra la crisis y el paro, con implicación del Gobierno, los agentes económicos y sociales, e incluso los partidos de la oposición. La inmensa mayoría de la sociedad española lo ve necesario y lo apoya, pero desde el Gobierno del Señor Rajoy se rechaza, se minimiza, cuando no se intenta ridiculizar. Ahí están sus múltiples declaraciones dejando claro, entre otras cosas, que nada se va a cambiar, que no hay más camino que el marcado por él.
Es evidente que el Señor Rajoy engañó –y de qué manera- al pueblo español con la parte pública de su programa electoral y tan pronto como logró el poder puso en práctica el auténtico, el verdadero, el de recortes de derechos, el que deliberadamente había ocultado a la sociedad.
No es verdad que las medidas de eliminación de derechos y de desmantelamiento del estado del bienestar adoptadas no estuvieran pensadas o que tuvieran que ver con la herencia recibida –la clásica ocurrencia del inepto, del incapaz, del inútil: siempre echando la culpa a los demás-, sino con su convicción profunda de establecer un modelo de sociedad diferente a la que hemos construido entre todos desde la Transición.
En este casi año y medio en el poder ha ido adoptando unilateralmente, una tras otra, medidas que han colocado al país no ya al borde del precipicio, sino en caída libre, con más de 6.200.000 de parados –el 27 por 100 de la población activa-, desregulando y desequilibrando el mercado de trabajo en favor del empresariado.
Ha desprestigiado y ninguneado hasta límites insospechados a los sindicatos y ha despreciado el diálogo social, ha desmantelado la sanidad y la enseñanza públicas, ha reducido drásticamente los sistemas de protección social, no ha hecho llegar el crédito ni a las empresas ni a las familias, ha subido los impuestos a la clase media-baja, ha eliminado derechos consolidados de los empleados públicos (privatizando sectores básicos de estos), se ha cargado la Ley de Dependencia, no ha aceptado la dación en pago, ha colocado el dichoso déficit por encima de las personas, y un larguísimo etcétera.
Y después de todo ello, y de no escuchar a nada ni a nadie, llama ahora a los agentes sociales. ¿Para qué? ¿Para cambiar lo errático de su política? No, ya que «no piensa cambiar absolutamente nada de las medidas adoptadas».
Lo hace, en primer lugar, para negar la posibilidad de un acuerdo global contra el paro y la crisis que permita recuperar la ilusión y la esperanza; en segundo lugar, para instar a que se hable y se negocie solo de más recortes, de modificar el acuerdo de pensiones, tan laboriosamente logrado hace dos años, con el objetivo de elevar la edad de jubilación; de eliminar la cláusula de revisión automática de las pensiones de acuerdo con el IPC; y de ampliar los años para determinar la base reguladora de la pensión, todo lo cual conllevaría a una nueva rebaja de las actuales y futuras pensiones.
También para que se hable de acometer una reforma de la Administración Pública para ejecutar más despidos, más privatizaciones y más recortes de derechos
Y, finalmente, a fin de que se hable vagamente de empleo juvenil y de medidas para los más de 3.000.000 de parados sin protección social alguna, único elemento aparentemente positivo salido del encuentro.
Es evidente que Rajoy solo quiere hablar de acuerdos puntuales y muy parciales, sobre materias que profundizan más en su modelo y sin variar para nada el rumbo marcado y que hoy hasta la Comisión Europea, y la propia Alemania, están criticando con extrema dureza.
Ante la gravedad de la crisis, es imprescindible un Pacto de Estado, un consenso de país, pero la prioridad del Gobierno de Rajoy es otra: aprovechar su mayoría absoluta para imponer sus objetivos ideológicos y económicos.
El diálogo social es irrenunciable y los sindicatos deben estar en su sitio. Tender la mano, sí, con ideas y propuestas, pero sin olvidar que se ha de sostener la movilización social, exigiendo los cambios necesarios y no aceptando ni dilaciones ni operaciones de imagen que pueden profundizar aun más en el desencanto y el desapego social. Y la izquierda política debe buscar puntos de encuentro que permitan recuperar la confianza e ilusión a los ciudadanos».
Juan Antonio Mata es expresidente del CES (Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha)