El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por los Gobiernos de Castilla-La Mancha y de Murcia contra sendos acuerdos del Consejo de Ministros en los que fijó las tarifas del agua del trasvase Tajo-Segura.
En concreto, Castilla-La Mancha había impugnado las tarifas fijadas en el Consejo de Ministros del 30 de enero de 2004, mientras que el Ejecutivo murciano había hecho lo mismo con las del 4 de diciembre de 2009.
En el caso de Castilla-La Mancha, el recurso contencioso-administrativo se apoyaba en una supuesta inconstitucionalidad de la ley de acompañamiento de los presupuestos aprobada en 2001 en la que se sentaban las bases para que el Gobierno fijara esas tarifas.
Dado que el Tribunal Constitucional avaló esa ley, el Supremo desestima el recurso y condena a la Junta a pagar las costas del proceso, que no podrán exceder los 6.000 euros.
También el Gobierno de Murcia tendrá que pagar las costas judiciales después de que el alto tribunal haya desestimado sus argumentos, entre ellos el del una supuesta «discriminación» sufrida por los usuarios de Murcia,por efecto de las tarifas aprobadas en relación con los usuarios de otras cuencas y regiones.
Según el Supremo, «las puras alegaciones abstractas sobre la discriminación sufrida en relación con los usuarios de otras cuencas y regiones, sin ofrecer dato fáctico alguno que las avale, no pueden tomarse en consideración, pues la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la norma exige acreditar con nitidez y precisión las situaciones comparadas, lo que en este recurso brilla por su ausencia».