El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene muy difícil que mañana todos sus presidentes autonómicos salgan contentos y con una posición común de la reunión que ha convocado en la sede nacional del partido para, entre otros asuntos, hablar del objetivo de déficit de las autonomías.
Desde que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dio a entender que el Gobierno podría aprobar un déficit «a la carta» que, en conjunto, debe sumar el 1,2 % del PIB, las voces, dentro y fuera del partido, se han sucedido.
En el PP abanderan la postura de que el techo de déficit sea común para todas las comunidades los presidentes de Extremadura y de Castilla y León, José Antonio Monago y Juan Vicente Herrera, respectivamente, mientras que defienden que sea diferente el de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra; el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el de Baleares, José Ramón Bauzá.
Pero no solo hay divisiones en el PP, ya que en las dos únicas comunidades donde gobierna el PSOE también hay diferencias, pues mientras el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, quiere una fórmula «objetiva» que fije el déficit de cada una en función de la financiación que reciben y de su nivel de endeudamiento, el de Asturias, Javier Fernández, apuesta por el mismo para todas las autonomías y pide que sea mayor que el previsto por el Gobierno.
Así, en la reunión de mañana, Fabra defenderá con toda probabilidad que se tenga en cuenta la situación de partida de cada una y el esfuerzo realizado, que en el caso de su comunidad alcanza los 2.000 millones de euros de ajustes en 2012, y pedirá una mejora de la financiación per cápita, que considera por debajo de la media. Infrafinanciación a la que atribuye que incumplieran el objetivo en 2012.
Valcárcel quiere un déficit asimétrico porque, ante un «trato desigual» en la financiación, «es razonable pedir un trato desigual en la obligación del control del déficit», y aboga por fijar unos objetivos «en función de la realidad» de cada autonomía.
Bauzá pide un techo de déficit superior a la media, ya que el esfuerzo de contención del gasto a realizar por su Gobierno es muy superior al de otros por la insuficiente financiación que recibe del Estado, por debajo del promedio, lo que se debe tener en cuenta a la hora de fijar los objetivos.
Totalmente diferente lo ve Monago, quien se opone al déficit asimétrico porque «no se puede estar saltando de criterio de año en año» y, «en muchas ocasiones, no porque sea el interés general, sino porque es interés muy particular de los de siempre».
Herrera, que reclama que se mantenga un mismo objetivo para que «no se penalice» a las que más esfuerzos hicieron en 2012, exige una reforma del sistema de financiación y «una distribución justa» del déficit entre todas las administraciones.
El presidente madrileño, Ignacio González, rechaza el déficit «a la carta», aunque entiende que se pongan en marcha medidas excepcionales para paliar situaciones «especialmente complejas», siempre condicionado a la «lealtad al proyecto común de España».
Aragón también es contraria a la posibilidad de un déficit asimétrico y sus consejeros de Hacienda y de Presidencia, José Luis Sanz y Roberto Bermúdez de Castro, respectivamente, insisten en que se debe exigir un esfuerzo «igual» a todos los territorios, porque «el esfuerzo de los aragoneses tiene que ser similar al de los demás».
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, aboga por un déficit «común y compartido», aunque podría aceptar «alguna singularidad» si está basada en cuestiones objetivas.
El de La Rioja, Pedro Sanz, asegura que «no va a hacer una carrera por tener más déficit»; recalca que es un «amante» del equilibrio entre ingresos y gastos y confía en que se alcanzará «una «solución de consenso satisfactoria para todos».
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, valora que el Gobierno tenga un trato de «generosidad» con las autonomías que no cumplen el déficit público, pero demanda «discriminación positiva» para las que sí lo hacen.
Ante la reunión de mañana, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, está convencida de que los parámetros que decida el Gobierno para repartir el objetivo de déficit autonómico serán «equilibrados» y «justos».
Aunque no acudirán al encuentro, también son conocidas las posturas del resto de los presidentes autonómicos.
Así, Griñán esgrime que «siempre» ha planteado que el objetivo del déficit debe contemplar no sólo la uniformidad entre los territorios, sino que tiene que partir primero de la aplicación del modelo de financiación y después del endeudamiento y del déficit cíclico o estructural.
Para el presidente canario, Paulino Rivero, es «inaceptable» que el Gobierno establezca un margen de déficit «ventajoso» para algunas comunidades, pues supone un agravio comparativo para otras, como Canarias, «que han cumplido sus deberes».
Sin embargo, defiende un objetivo del déficit individualizado en función de las necesidades de las autonomías, especialmente por su situación económica, los esfuerzos realizados y el grado de cumplimiento de los compromisos en los últimos años.
La Generalitat de Cataluña argumenta que su esfuerzo de austeridad de los últimos años es mayor que el de la Administración central y el de otras comunidades, por lo que reclama que haya límites de déficit diferentes para las autonomías este año.
Pide que dispongan de un tercio del déficit permitido al conjunto de las administraciones españolas (2,1 %) y, en privado, confía en poder contar al menos con un margen del 1,8 % del PIB en 2013.
Para el lehendakari, Íñigo Urkullu, es un «contrasentido» la posibilidad de que haya «un premio» para las comunidades «incumplidoras» en 2012. Defiende que se preste una «especial atención» a aquellas que sí han cumplido, como Euskadi.
La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, quiere una flexibilización de los objetivos de déficit y de endeudamiento para su comunidad y su vicepresidenta, Lourdes Goicoechea, apuesta por una capacidad de déficit «óptima» para poder mantener el gasto social y de activación económica.