Agustín Yanel
En contra de lo que se esperaba del primer Gobierno de coalición progresista, el PSOE y Unidas Podemos no quieren dejar a RTVE exclusivamente en manos de sus profesionales, sino que intentan controlarla y poner a personas de su confianza en los puestos clave. Y el PP -en este caso tal y como se esperaba, porque es lo que ha hecho siempre- tampoco permite que las televisiones públicas de las comunidades donde gobierna puedan trabajar con independencia y sin injerencias políticas. Señores políticos, ¡dejen en paz a las radios y televisiones públicas!, ¡dejen que sus profesionales trabajen con independencia!, ¡dejen de controlarlas por sus intereses de partido!
Esos no son los únicos partidos políticos que tratan de controlar a los medios de comunicación audiovisuales públicos. La Generalitat de Cataluya ha convertido a la televisón TV3 en el más descarado, vergonzoso y generosamente subvencionado aparato de propaganda del independentismo, en el que los partidos del Gobierno autonómico se reparten los cargos directivos sin ningún pudor y traspasan todas las líneas rojas que cualquiera que defienda la independencia e imparcialidad de los medios de comunicación no debería cruzar.
Protestas, viernes negros y denuncias públicas en Canal Sur y TVG
La televisión andaluza Canal Sur y la Televisión de Galicia (TVG), entre otras, tampoco se quedan atrás en esa lamentable y nada democrática práctica de estar controladas por el poder político. Ambas cadenas viven entre protestas, viernes negros, denuncias públicas e incluso huelgas de sus trabajadores contra la manipulación, sin que a los presidentes populares Juan Manuel Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, parezca preocuparles. Porque no solo no han hecho nada por resolver esa situación y dejar que los profesionales hagan su trabajo como mejor sepan y puedan, sino que han contribuido a empeorarla.
En el caso de RTVE, el PSOE y Unidas Podemos no han tenido inconveniente en enterrar el concurso público, convocado porque obliga la ley, para elegir por méritos el Consejo de Administración y la Presidencia. Han estado más de dos años mareando la perdiz y, al final, con excusas que no convencen, han tirado a la basura el trabajo que un comité de expertos realizó honesta y correctamente para seleccionar a 20 candidatos de entre los 95 que se presentaron. Ahora, mientras TVE hunde su audiencia, va de fracaso en fracaso con lo estrenos y contrata programas de actualidad a productoras externas rozando la ilegalidad, los dos partidos que gobiernan están demostrando que el concurso público solo les interesa si ellos pueden controlarlo y colocar sus nombres favoritos en los puestos a elegir. Todo ello, eso sí, mientras proclaman a los cuatro vientos que buscan el máximo consenso.
El Partido Popular se dedica a denunciar en las redes sociales todo tipo de supuestas manipulaciones -y en algunos casos puede tener razón- de TVE y a plantear centenares de preguntas en el Congreso dirigidas a la administradora única provisional, Rosa María Mateo, cada vez que en un informativo no hablan de algo que ellos consideran importante o dedican menos tiempo a un acto del PP del que ellos consideran que debía ocupar, aunque ese acto tenga escaso interés informativo.
La doble vara de medir del PP con RTVE
Pablo Casado y su partido, como los demás grupos parlamentarios, deben vigilar el funcionamiento de RTVE porque ese es el trabajo que tiene encomendado la Comisión Mixta Congreso-Senado de control parlamentario de la radio televisión pública estatal. Pero los dirigentes y los parlamentarios populares van mucho más allá de esa competencia y, a juzgar por sus preguntas y sus denuncias en las redes sociales, parece que quieren ser ellos quienes decidan qué noticias deben emitirse en los espacios informativos y cuánto tiempo dedicar a cada una.
Pero tienen un serio problema: un partido como el PP, que cuando ha gobernado en España ha manipulado en RTVE hasta extremos increíbles, no tiene ninguna autoridad moral para decir ahora que en la radio televisión pública estatal se manipula. Su doble vara de medir les hace poco creíbles en este asunto. Si en vez hacer sus críticas por sus intereses de estrategia partidista se dedicaran a cumplir correctamente su misión de control parlamentario para mejorar la situación de RTVE, mejor les iría.
Lo de Canal Sur clama al cielo. Parecía que la situación iba a cambiar cuando, tras la llegada del PP al Gobierno andaluz con José Manuel Moreno Bonilla, fue elegido el nuevo equipo directivo que llevaba varios años esperando. Pero, desde entonces, los escándalos se han sucedido uno tras otro: nombramientos de personas afines al partido, graves errores por incompetencia de alguna presentadora de informativos, propaganda descarada a favor del Gobierno del PP en los informativos, no emitir en los informativos noticias importantes porque perjudicaban a ese partido… Una larga lista de disparates profesionales que el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha ido denunciando públicamente.
El Gobierno andaluz se sostiene gracias a los votos de Vox. Por eso, la televisión autonómica también se ve condicionada de alguna manera por las exigencias de ese partido. Canal Sur anunció que el sábado 14 de noviembre iba a emitir, en el programa Los Reporteros, un reportaje sobre las tres investigaciones judiciales que están en marcha en torno a los negocios y supuestas comisiones del rey emérito Juan Carlos I. A Vox le debió parecer poco menos que un sacrilegio informar sobre ese asunto y, desde la cuenta oficial de Twitter del grupo de ese partido en el Parlamento de Andalucía, se preguntaron «¿Qué pinta un reportaje contra el rey emérito Juan Carlos I en Canal Sur?».
Ni siquiera hace falta ser periodista para ver que ese reportaje era de interés general, porque en los últimos días se han publicado noticias sobre nuevas investigaciones judiciales en torno al rey emérito, que reside en los Emiratos Árabes Unidos desde que se marchó de España hace más de tres meses. Además, antes de ver el reportaje ya aseguraba Vox en su mensaje que era «contra» Juan Carlos I. Y resulta que no fue así, sino un trabajo periodístico realizado correctamente con criterios periodísticos profesionales.
RTVE y las demás radios y televisiones públicas son necesarias, porque deben cumplir un servicio público y de cohesión social que no van a realizar las cadenas comerciales, unas porque se dedican a emitir programas basura en los que se fomenta la infidelidad de las parejas y otras porque prefieren fomentar tertulias en las que cuanto más griten quienes participan más audiencia tienen.
Por eso, la ciudadanía necesita unos medios de comunicación audiovisuales públicos independientes, bien financiados y sometidos al control parlamentario establecido legalmente, pero cuyo trabajo dependa exclusivamente de sus profesionales, sin ninguna injerencia de los partidos del Gobierno o de la oposición. Hay que repetirlo una y mil veces: señores políticos, ¡dejen en paz a las radios y televisiones públicas!, ¡dejen que sus profesionales trabajen con independencia!, ¡dejen de controlarlas por sus intereses de partido!