El que fuera director general de Deportes con el Gobierno de Barreda, el ex atleta, Roberto Parra, y el ex secretario general técnico de Educación, Tomás Hervás, han sido citados de nuevo a declarar ante el juez el próximo día 12 tras la querella presentada por el actual Ejecutivo regional.
En la querella, que interpuso la Junta en mayo de 2012 y que se ha ampliado en tres ocasiones, el Gobierno que preside Cospedal les considera responsables de la presunta malversación de unos 236.000 euros al haber pagado distintas obras en instalaciones deportivas de la región que no se han llegado a ejecutar.
Los hechos también podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, además de trato de favor y fraude.
Estos dos últimos delitos por la presunta vinculación de Parra, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real), con la empresa Tecdeco, que estaba en una UTE con otras sociedades en algunas de las adjudicaciones en las que Parra había trabajado antes de ser nombrado director general, según la Junta.
Además de Parra y Hervás, el próximo miércoles también está citado a declarar en el juzgado de instrucción número 5 de Toledo un representante de la empresa constructora, J.J.S.M., según la información facilitada a Efe por fuentes judiciales.
Las obras que se habrían pagado y no se han llegado a realizar son, según la Junta, las de reforma del polideportivo «Príncipe Juan Carlos» de Ciudad Real, y por las que se habrían pagado más de 70.000 euros: 57.449 por el graderío de la pista de atletismo y otros 12.951 por mejoras en los vestuarios.
En noviembre de 2012, la Junta amplió la querella por las obras en el polideportivo de Alovera (Guadalajara), por las que la Junta habría pagado 53.289 euros y en enero de este año hubo una segunda ampliación de la querella por la presunta vinculación laboral de Parra con la adjudicataria.
La tercera ampliación de la querella se registró el pasado mes de abril por obras no ejecutadas en equipamientos deportivos en El Pozo (Guadalajara) y Abenójar (Ciudad Real), por las que se habrían pagado 57.700 y 55.180 euros, respectivamente.
Tras prestar declaración en el juzgado el pasado mes de enero, Roberto Parra dijo a la prensa que la querella se enmarca en lo que denominó «un circo mediático» y que le había parecido «muy llamativo» que no estuviera el abogado de la Junta en el interrogatorio.
Por su parte, Tomás Hervás señaló, tras prestar declaración, que con lo dicho ante el juez cree que ha quedado probado que la querella es «totalmente falsa».