La diputada socialista Guadalupe Martín ha denunciado que el decreto aprobado por el Gobierno regional que establece los nuevos criterios para ofrecer la ayuda a domicilio en nuestra comunidad autónoma va a provocar que los ciudadanos «paguen más y además cuenten con un peor servicio del que venían contando hasta ahora».
Según Martín, en su afán de «hacer negocio una vez más con un servicio público» el Ejecutivo de Cospedal ha puesto sus miradas en la ayuda a domicilio «cuando era uno de los servicios mejor valorados tanto por los usuarios del mismo como por los ayuntamientos que lo prestaban».
La responsable socialista ha indicado que las nuevas tarifas que se van a aplicar suponen un sobrecoste del 30 por 100 de media para los usuarios. El servicio deja de ser gratuito para los dependientes y aumentará la aportación de los usuarios no dependientes.
Explicó que anteriormente, para estos mismos usuarios se establecía un coste de 10,25 euros la hora de lunes a viernes, del que un 75 por 100 era abonado por la propia Junta de Comunidades y el resto por los ayuntamientos y los propios usuarios. Los domingos y festivos, al tratarse de dependientes severos, el coste lo asumía íntegramente la consejería. «Ahora, el coste del servicio repercutirá tanto en los usuarios dependientes como no dependientes: pagarán todos por el servicio que reciban».
Marín ha continuado explicando que la consejería cifra la aportación de cada hora de servicio para los no dependientes en 11,5 euros de lunes a sábado y de 15 euros para domingos y festivos cuando antes el precio de cada hora en festivos era de 22 euros. «Se produce una rebaja importante en la aportación de la consejería a los ayuntamientos que prestan el servicio a los ciudadanos, lo que producirá un mayor aporte de estos por el mismo servicio».
Con la subida que ha aplicado el Gobierno regional, ha dicho la diputada nacional del PSOE, habrá usuarios que se vean obligados a renunciar a las horas que recibían porque «gracias al PP tienen ya que pagar más por las medicinas, los desplazamientos, la teleasistencia…».
Por otra parte, ha criticado que en los presupuestos regionales la asignación para la ayuda a domicilio a las corporaciones locales haya descendido hasta los 33,9 millones de euros en 2013, cuando en el año 2011 era de 49,7 millones. «Han bajado en dos años un 31 por 100 los fondos destinados a esta partida».
Para Martín, el Gobierno está demostrando un desconocimiento de la realidad de nuestros pueblos, ya que este servicio que se prestaba en cualquier localidad donde el ayuntamiento lo solicitaba, «podría dejar de prestarse, a partir de ahora, en los municipios más pequeños si la empresa considera que no es negocio prestarlo en los mismos»
La diputada socialista ha aclarado que las dos modalidades de atención para personas dependientes y no dependientes, han convivido con otras necesidades que siempre se han cubierto con garantías de calidad. Las familias en riesgo de exclusión y las familias con partos múltiples también han podido beneficiarse de esta prestación.
Igualmente, ha indicado que la gestión municipal siempre ha sido una garantía de calidad en el servicio y una garantía de creación de empleo en los municipios, «lo que ha permitido la consolidación de población en nuestros pueblos».
Ahora, con la privatización de la ayuda a domicilio «se ofrece a las empresas la posibilidad de ofrecer el servicio, seguramente pagando a su vez un bajo precio, con peor calidad, fuera del control de los servicios sociales, y lo que es peor, poniendo en peligro los puestos de trabajo que se habían creado por los ayuntamientos en este campo. Muchos consistorios se verán obligados a despedir e indemnizar a las auxiliares de ayuda a domicilio con las que contaban y además con el agravante de que aún no han cobrado parte del 2012 en horas prestadas en este servicio».
Martín se pregunta qué va a ocurrir con aquellos usuarios que no puedan pagar más por el servicio que venían recibiendo o con aquellos municipios donde no lleguen las empresas y no haya auxiliares acreditadas.
Por último, ha lamentado que se haya elaborado este nuevo decreto sin la participación de los profesionales del sector. «No han escuchado sus propuestas y así ha salido lo que ha salido: otra agresión más a los ciudadanos de la región y un desprecio más a los profesionales que durante años se han dedicado al Servicio de Ayuda a Domicilio en Castilla-La Mancha».