Aunque parezca mentira, el Gobierno acaba de reconocer oficialmente que no sabe el número de viviendas habituales de las que han sido desahuciados sus inquilinos desde 2006 hasta ahora, ya sea por no pagar el crédito hipotecario al banco o el alquiler al propietario. Lo ha dicho sin ruborizarse… y se ha quedado tan ancho.
Ante el escándalo y la alarma social que han suscitado desde hace algún tiempo los desahucios -con la tragedia de varios suicidios de personas que optaron por quitarse la vida cuando iban a ser expulsadas de su vivienda por no poder pagar-, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, solicitó al Gobierno, el 4 de marzo último, que le informara del número de desahucios ejecutados desde 2006, especificando cuántos corresponden a viviendas habitadas y desglosando esos datos por años y por comunidades autónomas.
UNA RESPUESTA CON DEMASIADO RETRASO
Según el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Gobierno debe responder a esas peticiones en un máximo de 30 días, pero el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy se ha saltado a la torera esta obligación -lo mismo que hacía el de Zapatero, por cierto- y ha tardado exactamente tres meses en responder al diputado de IU.
En una democracia es grave no respetar las normas, en este caso los plazos establecidos, pero es mucho más grave el contenido de la respuesta del Gobierno. Ha enviado a Cayo Lara un cuadro con el número de expedientes de desahucio que han tramitado los juzgados de primera instancia a quienes tienen una escritura hipotecaria inscrita en el Registro de la Propiedad, pero le ha aclarado que no todos son de viviendas habituales, sino que también pueden corresponder a segunda vivienda, locales comerciales, plazas de garaje, naves industriales, fincas rústicas, solares o edificios en construcción. En definitiva, que no puede facilitarle lo que ha solicitado.
Dice el Gobierno, en su respuesta, que no existen datos estadísticos sobre el número de viviendas habituales o de cualquier otro tipo que se han visto afectadas por un desahucio, pero que el Ministerio de Justicia está trabajando con el de Economía y con el Instituto Nacional de Estadística para que el año próximo se pueda saber esos datos referidos a 2013.
GALLARDÓN, «CON EL CULO AL AIRE»
Frente a esta afirmación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado a conocer el 11 de junio -coincidiendo prácticamente con el momento en que Lara recibía la respuesta del Gobierno- que, según sus estimaciones, en 2012 se ejecutaron 43.858 desahucios por impago de la hipoteca, entre viviendas habituales, segunda vivienda y empresas.
El CGPJ ha recogido no sólo el número de procesos que han tramitado los jueces sino también los datos del Colegio de Registradores y los del Banco de España. Con todos ellos ha establecido una «estimación» que, aunque no es exacta, es mucho más completa que la que ha enviado el Gobierno a Cayo Lara, pese a disponer de muchos menos medios que el Ejecutivo. Hay quien dice que, con esta información, el órgano de gobierno de los jueces ha dejado al titular de la cartera de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, «con el culo al aire».
El ministro anda demasiado ocupado imponiendo tasas judiciales, buscando complicaciones a una ley del aborto que no las tiene en la práctica o dejando caer la posibilidad de implantar por ley una especie de censura previa que, de llevarse a cabo, impediría a los periodistas informar de sumarios como el «caso Urdangarin» o el «caso Bárcenas» sólo con que una de las partes personadas en un proceso judicial lo solicitara. Así se resentiría gravemente el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y la democracia.
EUROPA PIDE SOLUCIONES
Mientras el Gobierno incumplía su obligación y se retrasaba en responder al líder del IU, las Cortes han aprobado una ley sobre los desahucios que ha sido muy criticada porque no recoge nada de lo que miles de ciudadanos solicitaron con su firma en una iniciativa legislativa popular, en la que reclamaban que se estableciera la dación en pago para quienes no pueden abonar el crédito hipotecario al banco porque se quedan sin trabajo.
Esta misma semana, el martes 11, el pleno del Parlamento Europeo ha pedido a todos los estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, que busquen soluciones alternativas a los desahucios, como la renegociación de las deudas o la dación en pago, de tal manera que quien entregue su vivienda habitual al banco cuando no puede pagar la hipoteca no deba seguir abonando el crédito además de quedarse sin la casa, como ocurre en la actualidad.
Si en España existiera una Ley de Transparencia, como en la mayoría de los países de la UE, el Gobierno no podría enviar a un diputado una respuesta tan inútil como ésta sobre los desahucios. El Ejecutivo tardó mucho en presentar ese proyecto de ley en el Congreso y, tras hacerlo en agosto del año pasado, atraviesa por una lentísima tramitación que no se sabe cuándo concluirá. Y, lo que es peor, con qué contenido.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
El jueves 6, después de seis horas discutiendo el nuevo convenio colectivo, el director general de la Función Pública de Castilla-La Mancha, Juan Manuel de la Fuente, comunicó a los representantes de los trabajadores que el Gobierno de María Dolores de Cospedal se propone «extinguir» de manera progresiva 3.656 puestos de trabajo de personal laboral, la mayor parte de ellos ordenanzas, peones, personal de limpieza y algunos jefes y oficiales. Es decir, que cuando esas plazas queden vacantes por jubilación, traslado o fallecimiento no serán cubiertas con otras personas.
«O esto, o los 500 puestos interinos que hay», les dijo; vamos que o aceptan ese recorte o firman que no se renueve el contrato a esos interinos. Ante semejante propuesta, todos los sindicatos presentes –CC.OO., UGT, CSIF y STAS Intersindical- se levantaron y se marcharon. Hicieron bien porque, como dijeron después, eso no es negociar sino «chantajear». La presidenta y ese director general deberían reflexionar y convocar una nueva reunión para negociar de verdad, no para intentar chantajes o incrementar el paro en una región donde ya es excesivamente elevado.