La consulta realizada por el sindicato CSIF entre los afiliados, todos trabajadores públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha arrojado una mayoría aplastante en contra de sumarse a la huelga general convocada en la función pública en Castilla-La Mancha para el próximo 29 de febrero, aunque comparten en todos sus términos el resto de acuerdos adoptados por los sindicatos para oponerse a las medidas impuestas por el gobierno regional en contra de los trabajadores y del mantenimiento de los servicios públicos.
Los órganos de dirección de CSIF han anunciado su neutralidad ante la convocatoria de huelga de la función pública para el 29 de febrero, en base a la consulta, «profundamente democrática y participativa», realizada entre los afiliados del sindicato, que ha arrojado un porcentaje superior al 80 por 100 contrario a secundarla.
«Los trabajadores no están dispuestos a afrontar una nueva jornada de huelga que reduciría de manera importante unos ingresos ya de por sí escandalosamente recortados. Consideran que no tendría consecuencias para sus demandas y sólo les acarrearía descuentos, mientras que el Gobierno regional se ahorraría el sueldo de ese día», informa el sindicato en nota de prensa.
CSIF también indica que los trabajadores de la sanidad, la enseñanza y los servicios generales de la Junta, «nos reclaman otras opciones de protesta y rechazo que resulten más innovadoras, más efectivas y menos gravosas con su situación económica». En ese nuevo escenario asegura que trabaja desde ahora mismo con el propósito de responder a la demanda general de indignación.
Desde la dirección del sindicato se quiere dejar claro la frontal oposición de CSIF a las decisiones unilaterales del ejecutivo castellanomanchego, y el respeto a las medidas acordadas por la mayoría de los sindicatos en su última reunión, tanto desde el apoyo a las mismas -con la excepción de la jornada del 29 de febrero- como a la colaboración necesaria para lograr los objetivos propuestos.
La decisión tomada por CSIF de no convocar la huelga «responde al sentimiento de sus afiliados y trabajadores, todos empleados públicos y directamente afectados por unos recortes que vuelven a perjudicar sus intereses, mientras siguen sin asumir sus responsabilidades aquellos que han provocado la gravedad de la situación que padecemos».