Agustín Yanel
El cambalache que han hecho el PSOE, el PP y Unidas Podemos para repartirse los 10 puestos del Consejo de Administración de RTVE como si fueran cromos, dando entrada también al PNV, es una buena prueba de lo poco que les importa la independencia de la radio televisión pública estatal, y de lo poco que respetan a sus profesionales. Aunque en sus programas electorales y en declaraciones públicas digan lo contrario, con el bochornoso acuerdo que han pactado para colocar a amigos y afines ideológicamente han demostrado que lo único que quieren, como ha ocurrido siempre, es controlar esos medios de información.
El acuerdo que han alcanzado es vergonzoso, porque no han elegido a esas personas solo por sus méritos profesionales y por los proyectos que han presentado para gestionar RTVE, como deberían -algunas de ellas tienen los necesarios y otras no-, sino por amiguismo o intereses partidistas. Pero más vergonzoso es que esto lo hayan negociado un Gobierno de coalición progresista y el partido que más ha controlado y manipulado la televisión pública cuando gobernó: el Partido Popular.
Modificaron la ley para «recuperar la independencia de RTVE»
El 2017, hace más de tres años, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una modificación de la ley que regula la radio y televisión de titularidad estatal «para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos». Así se titula esa ley, porque ese era su objetivo: despolitizar RTVE y evitar que el gobierno de turno la controle, porque ese control está encomendado legalmente a una comisión mixta Congreso-Senado. Pero, muy al contrario, lo que han hecho PSOE, PP y Unidas Podemos es negociar un Consejo de Administración muy politizado.
Ese concurso público se inició con casi un año de retraso y con unas normas mal formuladas, que después hubo que modificar. Desde el primer momento, ni PSOE ni PP mostraron interés en desarrollar el concurso público, mientras Unidas Podemos y Ciudadanos sí lo defendían. A pesar de todo, el comité de expertos que establece esa ley llevó a cabo correcta y gratuitamente el trabajo que le encomendaron: analizó los méritos profesionales del centenar de candidaturas presentadas y los proyectos de gestión de cada una para RTVE, les dieron una nota y seleccionaron los 20 nombres que consideraron mejores, para que las Cortes eligieran entre ellos los 10 que deberían integrar el Consejo de Administración.
Pero todo ese trabajo no ha servido para nada, porque PSOE, PP y Unidas Podemos han despreciado ese informe del comité de expertos y, para no tener que elegir entre los 20 candidatos seleccionados por los expertos -con la excusa de que entre ellos no había las mujeres necesarias para garantizar la paridad, algo que se podría haber solucionado-, han elegido entre la totalidad de las candidaturas (finalmente han sido 87, tras algunas renuncias) y así han podido colocar a amigos o simpatizantes de esos partidos que habían obtenido muy malas calificaciones.
No nombran a los candidatos mejor puntuados y sí a varios de los peores
Nadie duda de que algunos de los 10 nombres pactados tienen los méritos suficientes para formar parte del Consejo de Administración. Pero otros han sorprendido, porque fueron muy mal calificados por el comité de expertos: del proyecto de gestión que presentó Elena Sánchez, una cara muy conocida de TVE propuesta por el PSOE, dijeron que parece «un manual copiado de Wikipedia»; el de Jenaro Castro, propuesto por el PP, fue el peor de todos y lo calificaron con un rotundo cero.
Esos son solo dos ejemplos, quizá los más llamativos, de que el Gobierno y esos partidos políticos no han tenido en cuenta los méritos al proponer a sus candidatos. De los 20 nombres que el comité de expertos puntuó con las mejores notas solo han entrado tres, y entre ellos no están los que fueron más valorados.
Si RTVE fuera una empresa de otro sector, podrían criticarse los criterios aplicados para seleccionar su cúpula directiva pero el caso no pasaría de ahí. Pero es que RTVE no es una empresa cualquiera, sino un medio de comunicación público, cuyos profesionales deben trabajar con independencia y sin injerencias del gobierno de turno ni de los partidos. Solo de esa manera se respeta el derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir información veraz y plural, un respeto que PSOE, PP y Unidas Podemos, y también el PNV al aceptar, han demostrado en este caso que no tienen. Una decepción más para muchas organizaciones, profesionales y ciudadanos, y ya son demasiadas. El partido Ciudadanos se ha negado a participar en la votación de los 10 consejeros, porque no está de acuerdo con que esos puestos sean repartidos y querían que se siguiera el criterio de los expertos.