La ciudad de Cuenca albergará la sede del Centro de Estudios Penitenciarios en la que se impartirá la formación de los profesionales de Prisiones. Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), ha hecho el anuncio esta mañana durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para informar de las actuaciones generales de la Secretaría General de IIPP.
En esa decisión -“muy difícil y muy meditada”, ha dicho- ha pesado la oferta en infraestructuras presentada por la ciudad castellano-manchega.
Residencia universitaria María de Molina y el colegio San Julián
El Centro contará con la residencia universitaria María de Molina y con el complejo en el que se encuentra ubicado el colegio San Julián. Se ha valorado además la posibilidad de que puedan utilizarse también las dependencias de la Universidad de Castilla-La Mancha. Instalaciones que, según Ortiz, “se adaptan a las necesidades que tiene la Administración penitenciaria”.
“Otra razón de peso ha sido la circunstancia -recientemente reconocida por la Comisión Europea- de que Cuenca y su provincia son dos de las zonas más despobladas de nuestro país”, ha explicado el secretario general de IIPP.
El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francho Tierraseca, ha celebrado este anuncio y ha subrayado la importancia que tiene para Cuenca esta designación, al ser un revulsivo que puede contribuir a paliar en parte uno de los grandes objetivos del Gobierno de España, el reto demográfico, ya que permitirá generar un movimiento económico que ayudaría a fijar población.
Formación a empleados públicos penitenciarios
Tierraseca ha señalado el absoluto compromiso que tanto la Delegación como la Subdelegación del Gobierno en Cuenca han mantenido con la candidatura conquense, que se presentó en el mes de enero por el Ayuntamiento de Cuenca con el respaldo unánime de todas las instituciones y de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que se ha desarrollado con el trabajo “intenso” de todas las partes implicadas.
El Centro tiene como objetivo proporcionar a los empleados públicos penitenciarios una formación actualizada y adecuada a las competencias y funciones que tienen encomendadas, convirtiéndose en un foro de participación, capaz de promover el encuentro de los profesionales, instituciones y organismos, nacionales o internacionales, que tengan relación con el delito, el delincuente y el derecho penitenciario.