Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han firmado el VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un acuerdo que regula a 6.600 empleados y «blinda» a 5.400 trabajadores fijos ante posibles Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).
En un comunicado remitido por UGT Castilla-La Mancha, la responsable del sector autonómico de la Federación de Servicios Públicos, Beatriz Tormo, ha argumentado el apoyo a esta firma en que se trata de un texto «asumible, ya que es preferible éste antes que dejar a los trabajadores sin convenio colectivo».
El VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta afecta a 6.600 trabajadores, de los cuales 5.400 son fijos, y para ellos se recoge la imposibilidad de realizar expedientes de regulación de empleo.
Tormo ha aclarado que «garantiza la estabilidad en el empleo y la imposibilidad de que ningún trabajador fijo pueda ser despedido. Esto ha supuesto un punto de inflexión que ha marcado en todo momento el sentido de la negociación».
«En este escenario y siempre a través de la negociación, hemos llegado a lo que consideramos un convenio asumible, entendido como un todo, aún así con desacuerdos patentes que han quedado reflejados en el acta de cierre de negociaciones», ha explicado.
Asimismo, ha explicado en declaraciones a Efe que también se han mantenido discrepancias de opinión con la Junta en cuestiones como la movilidad geográfica o las jubilaciones parciales.
EN EL CASO DEL CIERRE DEL CENTRO DE TRABAJO
En el primer punto, el convenio recoge que, en caso del cierre del centro de trabajo, un empleado no podrá ser trasladado a más de 50 kilómetros siempre y cuando haya un centro más cerca de esa distancia.
En cuanto a la jubilación parcial, Tormo ha explicado que se ha logrado que sea la Comisión Paritaria la que decida en qué casos se podrá aplicar la normativa para que la Junta abone el 50 por ciento del coste de la Seguridad Social por este tipo de jubilaciones y, además, se creará un reglamento de jubilaciones parciales.
Sin embargo, ha matizado que UGT hubiera preferido una vigencia hasta diciembre de 2014 y no hasta 2015, como se ha acordado finalmente.
Tormo ha señalado que la negociación de este convenio colectivo «se ha llevado a cabo en condiciones extraordinarias, tanto en materia normativa como de recortes en el sector público y se inició con una propuesta de la Administración que rayaba lo obsceno y apremiada por el fin de la vigencia del anterior, el 8 de julio».
«Desde UGT, asumimos el acuerdo con intención de no eludir responsabilidades ni compromisos, incluso de mejorarlo a través de su interpretación y seguimiento en la Comisión Paritaria», ha explicado.
A su parecer, es preferible que el personal laboral tenga un convenio colectivo «aunque algo mermado, antes que acabar totalmente con sus condiciones laborales y derechos adquiridos pasando a regirse por las marcadas en la legislación superior».