La Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a una mujer a seis años de cárcel y a devolver a sus víctimas los más de 2,2 millones de euros que consiguió mediante una estafa piramidal que cometió durante años.
La sección Primera de la Audiencia de Albacete ha dictado una sentencia en la que declara culpable a Paloma A.A., de 48 años, de un delito de estafa cometido entre 2005 y 2009 y, además de la pena de prisión y de la indemnización, le impone una multa de 1.620 euros.
Los jueces han considerado probado que la procesada actuó consiguiendo capitales para invertir a cambio de altos intereses, aunque en realidad nunca llegó a invertir tales fondos, que eran usados para pagar a nuevos clientes.
El relato de hechos probados dice que la mujer «obtuvo un total de 2,227,720 euros» en ese tiempo, dinero recibido «de numerosos inversores y para invertirlos en bolsa», con un interés anual que «oscilaba entre el 10 y el 12%».
La mujer, para ganarse la confianza de los depositantes, «les hacía ver que era analista de mercados», que invertía por medio de una empresa con sede en Madrid y que, «por su habilidad, no existía riesgo de perder el capital».
Con este procedimiento, el tribunal ha visto los casos de 34 personas que entregaron dinero a cambio de las prometidas inversiones, con cantidades que van desde los 3.000 hasta los 200.000 euros.
La sentencia dice que una vez que los clientes confiaban en la mujer, porque les devolvía los primeros intereses, ésta «les decía que tenían que entregar el dinero en metálico», pero «sin firmar ningún documento», y cuando se entregaban cheques o pagarés resultaron impagados «por falta de fondos».
La mujer quedaba a veces con los clientes en la estación de autobuses, y «daba los intereses en metálico, sin retención fiscal», alegando que «ella ya había hecho todos los pagos fiscales».
El tribunal dice en el fundamento del fallo que, a pesar de que la mujer dijera que sí invertía realmente el dinero, «la Sala no lo ha creído», y hay una «abrumadora prueba testifical» en su contra, los más de 30 perjudicados que en el juicio relataron cómo entregaban el dinero.
La sentencia de la Audiencia Provincial admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo.