El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha confirmado que el consistorio acudirá al nuevo plan de pago a proveedores para hacer frente a 31 facturas que ascienden a 3.310.797 euros.
Esteban ha explicado que la relación de facturas pendientes a 31 de mayo de 2013, que fue enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado viernes, se ha publicado en la página web del Ayuntamiento con el fin de que pueda ser consultada por los acreedores.
Según ha destacado, estos pagos no supondrán un incremento de la deuda municipal, ya que se pagarán con cargo a la deuda que la Junta de Comunidades tiene con el Ayuntamiento y que asciende a algo más de 5,6 millones de euros.
El concejal ha hecho estas declaraciones en una comparecencia para informar sobre el cumplimiento del Plan de Ajuste Económico que es del «cien por cien» en estos momentos.
El concejal de Economía y Hacienda ha indicado que el Consistorio trabaja en la lucha contra el fraude con la implantación de dos medidas.
Una de estas medidas es la depuración de los domicilios fiscales de los contribuyentes a través del cruce de datos con otras administraciones que permitirá hacer llegar los recibos a sus destinatarios.
La otra es la depuración del padrón del IBI, con la que se han detectado 2.000 unidades urbanas que no tributaban, y la tasa de basuras, que ha descubierto unas 800 viviendas que no estaban dadas de alta.
Según Esteban, la detección de estas omisiones supondrá una recaudación adicional de entre 1,3 y 1,4 millones de euros.
El concejal también ha destacado que el Ayuntamiento de Guadalajara «ha mejorado mucho» en el grado de cumplimiento de la Ley de Morosidad.
Según ha dicho, en el último año el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido en más de 30 días, pasando de 81,3 días en marzo de 2012 -cuando se debían 12,7 millones de euros- a 58,7 en junio de 2013, con un saldo pendiente de 6,2 millones.
En este capítulo, Esteban ha destacado que el Ayuntamiento está pagando a los pequeños proveedores municipales en un plazo de 30 días «cumpliendo con la Ley».